Milkes Malakkian
La crisis política en Armenia ha entrado en una nueva fase con una serie de allanamientos simultáneos en 51 domicilios, en el marco de un caso penal vinculado al presunto “plan de golpe de estado” contra el gobierno. La operación fue encabezada por el Departamento Principal de Investigación de Delitos Económicos y Contrabando del Comité de Investigación de la República de Armenia, y apunta a una red de supuesta corrupción empresarial con vínculos políticos y religiosos.
La investigación está centrada, formalmente, en delitos de lavado de dinero, malversación de fondos y evasión fiscal a gran escala. Aunque las autoridades evitaron publicar la lista completa de empresas allanadas, una figura captó la atención pública: Narek Karapetyan, presidente del consejo de administración de Redes Eléctricas de Armenia (ENA) y sobrino del influyente empresario Samvel Karapetyan. La sede de la ENA y su residencia personal fueron objeto de registros, de donde los agentes retiraron 37 documentos.
“Imaginamos qué empresas están siendo blanco de esta ofensiva. Creemos que son parte del grupo Tashir, pero no puedo confirmar si todas las 51 lo son. Lo que sí es evidente es que hay una presión política detrás”, afirmó Narek Karapetyan en declaraciones a la prensa.
El Comité de Investigación ha formalizado cargos contra 11 personas, con cinco detenciones preventivas, una prohibición de salida del país, una orden de arresto y cuatro órdenes de búsqueda. Aunque los procesos avanzan con rapidez, el trasfondo político es innegable, sobre todo considerando la declaración del primer ministro Nikol Pashinyan, quien pocos días antes propuso que el Estado recupere el control total de la empresa eléctrica.
¿Nacionalización por la fuerza?
El 3 de julio, el Parlamento aprobó un paquete legislativo presentado por la bancada oficialista “Contrato Civil”, que autoriza al Estado a intervenir en el sector energético en casos de “interés estratégico nacional”. Esto ocurre justo después de que Samvel Karapetyan, desde el exilio, se mostrara dispuesto a “intervenir a su manera” en defensa de varios clérigos perseguidos por el gobierno, incluido el Catholicós.
Desde la oposición, Garnik Danielyan no tiene dudas:
“El despojo de inmunidad a diputados, los allanamientos a la ENA, y las medidas contra altos representantes de la Iglesia están articulados como parte de un solo guion político. El gobierno está purgando a sus opositores bajo la narrativa del terrorismo”.
El oficialismo, sin embargo, insiste en que no hay motivaciones políticas. Artur Hovhannisyan, secretario de la facción gobernante, sostuvo que las palabras del primer ministro no deben entenderse como órdenes directas a las fuerzas del orden:
“El primer ministro no puede ni quiere intervenir en procesos penales. Hay instituciones independientes que actúan conforme a la ley”.
El abogado Aram Vardevanyan, cercano a la oposición, considera que los registros masivos carecen de la debida proporcionalidad jurídica:
“Un registro domiciliario es una medida extrema y debe estar justificada con argumentos sólidos. Pero en la Armenia actual parece haberse naturalizado como herramienta de presión”.
La ENA se prepara para una batalla legal
Su director general interino, David Ghazinyan, declaró que la empresa usará todos los mecanismos jurídicos a su alcance, pero evitó comentar sobre el contexto político de los hechos.
A medida que se suceden los procedimientos judiciales, el país presencia una escalada sin precedentes en la judicialización de la política, con sectores clave del empresariado, el clero y el parlamento bajo presión. El “plan de golpe” que el gobierno esgrime como justificación comienza a revelarse también como un poderoso instrumento para reconfigurar el equilibrio de poder en Armenia.
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