El representante especial del presidente azerbaiyano, Elchin Amirbekov, aseguró que el documento trilateral firmado en Washington entre Armenia, Azerbaiyán y Estados Unidos establece la necesidad de “medidas adicionales” antes de la firma y ratificación definitivas del acuerdo de paz. Entre ellas, Bakú exige que Ereván modifique su Constitución para eliminar lo que considera “reivindicaciones territoriales” contra Azerbaiyán.
Amirbekov precisó que, para Bakú, la referencia en el preámbulo de la Constitución armenia a la Declaración de Independencia implica reclamos sobre territorios azerbaiyanos. Pese a que el texto rubricado del acuerdo establece que ninguna norma nacional puede interpretarse en contradicción con los artículos del documento, Azerbaiyán sostiene que la Constitución tiene mayor fuerza legal que tratados y leyes internas, por lo que considera insuficiente la interpretación de Ereván.
Elchin Amirbekov condiciona el acuerdo de paz a reformas en la Constitución armenia, mientras la carta magna de Azerbaiyán también presenta incompatibilidades
Sin embargo, analistas señalan que esta postura es jurídicamente ambivalente. El propio marco constitucional de Azerbaiyán reconoce en su preámbulo la Ley Constitucional de 1991 sobre la Restauración de la Independencia del Estado, vinculada a la República Democrática de Azerbaiyán (1918-1920), cuyas reclamaciones históricas abarcarían territorios fuera de sus fronteras actuales. De hecho, la estructura administrativa de Azerbaiyán replica la de la era soviética, salvo por la exclusión de la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj, lo que contradice su alegada sucesión de la república previa a la URSS.

La Declaración Tripartita de Washington también reconoce la sucesión legal de ambos países respecto a sus repúblicas soviéticas, lo que plantea un problema: si Bakú insiste en que Armenia debe eliminar referencias históricas, la misma lógica implicaría que Azerbaiyán debería hacer lo propio.
Expertos recuerdan que, según la Carta de la ONU, los Principios de Derecho Internacional, la Declaración de Almaty y el Acta Final de Helsinki, el Estado actual de Azerbaiyán es heredero de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, no de la república de 1918-1920. En este contexto, si no se resuelven estas inconsistencias constitucionales, el acuerdo de paz podría carecer de validez jurídica internacional.
Existe una vía legal para desbloquear la situación: el Tribunal Constitucional de Azerbaiyán ya notificó a la ONU que la referencia a la ley constitucional de 1991 es simbólica y no necesariamente vinculante. El Tribunal Constitucional de Armenia ha emitido un fallo similar sobre su Declaración de Independencia en relación con Azerbaiyán.
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