Nacionalización de ENA: incertidumbre económica, tensiones políticas y advertencias empresariales

Con 65 votos a favor y 30 en contra, la Asamblea Nacional aprobó en primera lectura el proyecto legislativo impulsado por la bancada oficialista de Acuerdo Civil para modificar las leyes sobre energía y reforzar el control estatal sobre las Redes Eléctricas de Armenia (ENA). Aunque el gobierno evita hablar abiertamente de una nacionalización inmediata, el texto legal apunta directamente a ese desenlace. En paralelo, el debate político y económico se intensifica.

El economista Armen Khoyan advierte que el paquete legislativo amplía significativamente las atribuciones del Estado: “El Estado adquiere herramientas para intervenir directamente sobre los licenciatarios del sector energético, no solo sobre ENA, sino como precedente general”, explicó.

En el centro de la polémica están las inversiones incumplidas por parte del grupo privado que opera ENA, propiedad del multimillonario ruso-armenio Samvel Karapetyan, fundador del Grupo Tashir. El proyecto aprobado contempla nuevas facultades preventivas para la Comisión Reguladora de Servicios Públicos, incluyendo la posibilidad de revisar licencias en base al historial de infracciones, algo que apunta claramente a la operadora eléctrica.

“¿Esto es represalia por defender a la Iglesia?”

La oposición ve en el proceso una venganza política encubierta. El diputado Tadevos Avetisyan, del bloque Hayastan, vinculó el impulso del proyecto con las recientes declaraciones de Karapetyan en defensa de la Iglesia Apostólica Armenia y contra la persecución a los clérigos implicados en el intento de golpe:

A su vez, la diputada Agnesa Khamoyan, también de la oposición, alertó sobre un posible aumento del costo de la electricidad tras la toma de control estatal: “Cuando estas autoridades se hagan cargo de ENA, la luz será más cara para el pueblo”.

Desde el oficialismo, el diputado Vahagn Aleksanyan rechazó esa posibilidad y sostuvo que el objetivo es garantizar un servicio fiable. “El 99% de los cortes de energía se deben a ENA, no a las redes de alto voltaje que ya son estatales. No es cierto que la nacionalización signifique tarifas más altas”, replicó.

Sin hoja de ruta clara: ¿control parcial o expropiación total?

La forma en que se materializará la nacionalización de ENA aún no está definida. Según el economista Armen Ktoyan, el gobierno podría optar por formas graduales de intervención, como una mayor participación estatal en la junta directiva o la imposición obligatoria de un plan de desarrollo.

“La opción de una participación del 100% estatal es el escenario final, no el inmediato. Existen herramientas intermedias que se usan en la práctica internacional”, señaló.

Sin embargo, el conflicto ya tomó forma jurídica: el Grupo Tashir notificó formalmente al gobierno armenio sobre la apertura de una disputa de inversión. En paralelo, el CEO interino de ENA, David Ghazinyan, aseguró que el proceso será desafiado legalmente.

“Los empleados que participaron en política serán despedidos”

El primer ministro Nikol Pashinyan adoptó un tono desafiante en redes sociales, al afirmar que serán despedidos todos los empleados de ENA que participaron en intrigas políticas o que fueron obligados a asistir a manifestaciones. Estas declaraciones agudizaron la controversia en torno al uso político del conflicto.

En el Parlamento, el diputado Aleksanyan adelantó que el gobierno podría asumir el control total en julio, dejando fuera del sistema a los trabajadores presuntamente implicados en actividades políticas: “Aquellos que no trabajaban para la ENA, sino para otra causa, serán desvinculados”, declaró.

Incertidumbre económica: ¿Qué se juega Armenia?

A nivel macroeconómico, los expertos advierten que la reacción internacional y las decisiones judiciales futuras serán clave. “Todo depende de los eventos que ocurran en las próximas semanas”, señaló Ktoyan. Algunos analistas creen que el gobierno aún puede retroceder si se intensifican las presiones externas o si fracasa la justificación legal para invalidar el contrato de concesión vigente.

Mientras tanto, la oposición insiste en que la nacionalización responde más a la política que al interés público, en un momento en que el oficialismo busca consolidar poder sobre actores económicos y eclesiásticos que le son adversos.

Millonarias ganancias y presuntas irregularidades

Solo en el sector eléctrico, el Grupo Tashir obtiene ingresos anuales estimados en 50 a 52 millones de dólares. Su imperio abarca además la construcción, la restauración, el negocio de restaurantes y otros diez sectores.

Sin embargo, se le acusa de prácticas como mantener salarios mínimos bajos y pagos “en sobres” para evadir impuestos; el robo masivo en obras públicas, incluyendo la construcción de escuelas, con ejemplos notorios como el robo de baños en gimnasios, revelado incluso por el primer ministro. además, tiene una investigación por el uso del edificio del circo de Ereván para lavado de dinero bajo la fachada de reparaciones interminables, dejando el edificio inutilizado por casi 15 años.

Pese a las enormes ganancias, no se invierte en la reparación de postes eléctricos y transformadores, lo que ha causado cortes de electricidad prolongados sin compensación a los afectados.

Interferencia política, corrupción y mercenarios

De acuerdo con medios rusos y ucranianos, la familia de Samvel Karapetyan estaría vinculada a la financiación de unos 2.000 mercenarios armenios, con cerca de 450 residentes de Karabaj, involucrados en conflictos en Ucrania. Un sobrino de Karapetyan, conocido como Samo, es señalado como patrocinador principal.

Karapetyan ha sido señalado por intervenir en el Ministerio de Asuntos Exteriores armenio, colocando a sus aliados y chantajeando a empresarios armenios en el extranjero. Junto a socios como Bako Saakian, se le acusa de lavar dinero en Karabaj y de mantener un control casi absoluto sobre varios sectores económicos.