Los llamados a la renuncia total o parcial de la soberanía serán criminalizados en Armenia

La Comisión Parlamentaria de Estado y Asuntos Jurídicos de Armenia en una reunión el martes dio una opinión positiva al proyecto de ley del gobierno que criminaliza los llamados a la renuncia a la soberanía.

Al presentar el borrador, el Viceministro de Justicia Levon Balyan, señaló que se propone tipificar como delito las acciones dirigidas a la restricción total o parcial de la soberanía de la República de Armenia mediante el uso de la violencia o la amenaza de su uso, así como las acciones públicas. pide la renuncia a la soberanía. 

“La legislación actual no prevé responsabilidad penal por este tipo de hechos”, dijo.

Según el proyecto, las acciones dirigidas a la restricción total o parcial de la soberanía de la República de Armenia se castigan con pena de prisión de 10 a 15 años. Se prevén varios tipos de penas para las demandas de renuncia a la soberanía: desde multa o arresto por 2 meses hasta prisión de hasta 3 años.

En el caso de tales apelaciones públicamente a través de los medios de comunicación y la tecnología de la información, los infractores se enfrentan a una pena de prisión de 2 a 5 años.

La oposición ve algunos problemas

El secretario de la facción opositora de Armenia, Artsvik Minasyan, señaló que el gobierno debería haber elaborado esta disposición con más detalle. 

“Usted agregó la frase “o renuncia a la soberanía” al artículo ya existente y listo. Creo que aquí se necesita un artículo separado con explicaciones claras”, dijo. 

Minasyan también afirmó que, de acuerdo con esta lógica, la ocupación de los territorios de Armenia por parte de Azerbaiyán también debe considerarse un delito penal. El parlamentario también preguntó si los llamados a unirse a estructuras supranacionales, desde la UE hasta el Estado de la Unión, serían considerados un delito penal.

El Viceministro señaló que, de acuerdo con la Constitución, la incorporación a estructuras supranacionales prevé la celebración de referéndums. El reglamento propuesto se aplica a los casos en que los llamamientos a la renuncia total o parcial de la soberanía impliquen o puedan dar lugar al uso de la fuerza.

Después de largas y acaloradas discusiones, la iniciativa legislativa recibió una conclusión positiva de la comisión parlamentaria permanente.