Azerbaiyán endurece el control sobre los medios de prensa: ¿regulación responsable por ley o censura sofisticada?

En medio de un contexto regional marcado por el conflicto informativo y el uso político de los medios, el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán está evaluando un nuevo proyecto de ley para modificar la legislación “Sobre la Prensa”. Aunque la prensa oficial en Bakú evita entrar en detalles, todo indica que la iniciativa parte del poder ejecutivo, y su objetivo es claro: imponer nuevas condiciones de funcionamiento para los medios, más estrictas y más controladas.

Control estatal y profesionalización forzada

Una de las enmiendas más llamativas del proyecto es que toda agencia de noticias deberá tener contratos escritos con al menos veinte medios y contar con representación legal en cinco países extranjeros. Bajo un análisis imparcial, esta disposición podría interpretarse como un intento de profesionalizar el ecosistema mediático azerbaiyano, promoviendo estándares internacionales y obligando a las agencias privadas a desarrollar redes internacionales.

Sin embargo, detrás de ese discurso tecnocrático subyace un problema estructural: ninguna agencia no estatal en Azerbaiyán podría cumplir estos requisitos sin el aval del régimen. En la práctica, esto significa que las autoridades establecerán filtros de “lealtad política” para autorizar o bloquear la expansión internacional de medios independientes, lo cual implica una sofisticación del modelo de censura. El poder regula la expansión de los medios bajo la fachada de prestigio global.

La comparación con Armenia y Turquía: libertad vs. disciplina

En contraste, en Armenia los periodistas aún pueden cuestionar decisiones del Estado sin ser criminalizados. Un caso reciente lo ejemplifica: un periodista evaluó legalmente las grabaciones publicadas por el Comité de Investigación en el caso del “Movimiento Sagrado” y declaró que no contenían delitos, lo que no derivó en ninguna acción penal. Incluso los abogados pueden hacer declaraciones políticas, apoyar a la oposición e incluso llamar al cambio de poder sin sufrir consecuencias judiciales.

¿Significa esto que Armenia ha alcanzado el equilibrio entre libertad y responsabilidad institucional? No necesariamente, pero la separación entre los roles de prensa, abogacía y poder judicial se mantiene más firme que en Azerbaiyán, donde se pretende imponer una rigidez funcional: un abogado no debe ser político, un periodista no debe ser activista, y todo debe estar al servicio de la “seguridad del Estado”.

En Turquía, la situación no es más alentadora. Ayer mismo, el líder del opositor Partido Republicano del Pueblo, Ozal, denunció públicamente al presidente Recep Tayyip Erdoğan como “líder de una junta”. Minutos después, el ministro del Interior anunció la apertura de un proceso penal por insultar al presidente. Turquía no es el modelo a seguir, pero, como Azerbaiyán, insiste en proteger la “inmunidad del Estado” por encima de la libertad de expresión.

¿Periodismo institucionalizado o subordinado?

El trasfondo de esta reforma legal no es solo la regulación de medios, sino la institucionalización de un modelo de “información patriótica”, donde el periodista debe actuar como un funcionario más del Estado. El Milli Mejlis incluso creó un comité permanente contra la “desinformación”, con funciones de inteligencia informativa y contrainteligencia, en colaboración con legisladores de otros países. Formalmente, su objetivo es mejorar la imagen internacional de Azerbaiyán. En la práctica, se trata de blindar al presidente Ilham Aliyev de cualquier crítica interna o externa.

La pregunta que plantea esta reforma no es si el Estado debe garantizar la seguridad informativa, sino si puede hacerlo sin violar el pluralismo. Porque cuando el periodista se ve obligado a no ser incómodo, y el abogado a no ser político, lo que desaparece es la opinión pública crítica, pilar esencial de cualquier democracia.

Conclusión: más allá de la ley, una batalla por el sentido del periodismo

El proyecto de reforma de la ley de prensa en Azerbaiyán es, al mismo tiempo, un avance técnico y un retroceso democrático. Profesionaliza, sí, pero también estrangula el disenso. Establece estándares, pero solo para quienes pasen la prueba de fidelidad al régimen. Y eso marca la diferencia entre un periodismo institucionalizado y uno subordinado.

En última instancia, tanto en Azerbaiyán como en Turquía —y con matices en Armenia— se está librando una batalla más profunda: la de definir qué puede y debe ser el periodismo en una sociedad postautoritaria.