Inmunidad parlamentaria en Armenia: ¿garantía jurídica o arma política?

Desde 1995, la Asamblea Nacional de Armenia autorizó en 26 ocasiones el procesamiento de diputados y su privación de inmunidad. La cifra cruza gobiernos, crisis y cambios de poder. El patrón se repite: casi todos los casos estallaron en contextos políticos tensos y afectaron, en su mayoría, a legisladores opositores.

La Fiscalía General no publica estadísticas completas sobre cuántos parlamentarios fueron finalmente procesados. Solo informó los pedidos formales presentados desde 2016. Una revisión de datos oficiales y fuentes abiertas por parte de Lusine Akobian para HTQ.am muestra que la inmunidad se convirtió en un punto de choque entre justicia y política.

1996: ocho diputados en medio de protestas

En 1996, tras elecciones presidenciales y protestas masivas, el Parlamento retiró la inmunidad a ocho diputados de una sola vez. La sesión extraordinaria terminó en enfrentamientos dentro del recinto. El contexto marcó el inicio de una práctica que reaparecería en momentos críticos.

El caso Vano Siradeghyan y la presión presidencial

En 1999, la Cámara rechazó primero el pedido para retirar la inmunidad a Vano Siradeghyan. Luego, tras la advertencia del presidente Robert Kocharyan de disolver el Parlamento, cambió su voto y habilitó el proceso. Siradeghyan fue acusado por delitos graves, huyó del país y permaneció buscado hasta su muerte en 2021.

1 de marzo de 2008: persecución o justicia

Tras las protestas posteriores a las presidenciales de 2008, el Parlamento avaló el procesamiento de diputados ligados a Levon Ter-Petrosyan. La oposición denunció persecución política. “Consideramos que privar a nuestros colegas de la inmunidad es otro paso irreflexivo”, declaró entonces el legislador Styopa Safaryan.

Años después, decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos llevaron a absoluciones y cierres de causas. El giro judicial reavivó el debate sobre el uso político de la inmunidad.

De la “revolución” de 2018 a Tsarukyan

En 2018, en plena crisis que llevó a Nikol Pashinyan al poder, la Fiscalía intentó retirar la inmunidad del propio Pashinyan cuando aún era opositor. El pedido se retiró tras negociaciones políticas.

En 2020, el Parlamento de la nueva mayoría autorizó procesar a Gagik Tsarukyan por presunto soborno electoral. Tsarukyan calificó el caso como “orden político”. El juicio sigue en curso.

Anna Vardapetyan y el récord de pedidos

Desde 2022, la fiscal general Anna Vardapetyan presentó ocho solicitudes para retirar inmunidades. Todas fueron aprobadas. Entre los afectados figuran Seyran Ohanyan, Armen Charchyan, Taron Margaryan y Artsvik Minasyan.

Ohanyan enfrenta cargos por presunta apropiación de tierras en el Parque Nacional de Sevan. Margaryan está acusado de abuso de poder durante su gestión como alcalde de Ereván. Ambos rechazan los cargos y hablan de motivaciones políticas.

En el caso de Hovik Aghazaryan, el proceso penal se activó tras un cruce público con autoridades del Comité de Investigación. El propio primer ministro Nikol Pashinyan pidió que renunciara a su banca. Aghazaryan se negó y luego perdió respaldo partidario.

Patrón repetido en cada crisis

Desde el atentado del 27 de octubre de 1999 hasta las tensiones actuales, los pedidos de desafuero surgieron en momentos de alta conflictividad. Cambian los gobiernos, pero la discusión permanece.

La inmunidad busca proteger la independencia legislativa. Sin embargo, su retiro se convirtió en un instrumento que muchos perciben como presión política.

Con elecciones parlamentarias previstas para el 7 de junio de 2026, el clima vuelve a tensarse. La pregunta resurge con fuerza: ¿la inmunidad parlamentaria en Armenia garantiza libertad política o funciona como mecanismo de control.