ICJ no tiene jurisdicción para escuchar la demanda de Azerbaiyán contra Armenia

La Corte Internacional de Justicia (ICJ) no tiene la jurisdicción necesaria para considerar el reclamo de Azerbaiyán contra Armenia, dijo el representante de Armenia en asuntos legales internacionales, Yeghishe Kirakosyan, en una audiencia ante el tribunal.

Las audiencias están dedicadas a las objeciones preliminares presentadas por Azerbaiyán en el marco del caso iniciado por Armenia por violación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, señala Vedomosti .

Según Kirakosyan, algunas de las acusaciones formuladas por la parte azerbaiyana se refieren al período en el que la convención no entró en vigor para ambas partes.

“La competencia del tribunal se limita al período en que la convención entró en vigor para ambas partes en septiembre de 1996, y Armenia respeta estas restricciones. Pero Azerbaiyán no”, enfatizó Kirakosyan.

Incluso si el tribunal acepta que tiene jurisdicción sobre las reclamaciones de Azerbaiyán antes de la entrada en vigor de la convención para ambas partes, Armenia considera que estas reclamaciones son inadmisibles para su consideración. No se puede permitir que Azerbaiyán espere 30 años después de las supuestas violaciones para presentar cargos después de que muchos testigos han muerto y las pruebas han desaparecido, señaló el representante armenio.

Kirakosyan señaló que el tribunal no tiene competencia sobre otros cargos relacionados con daños ambientales y minas, ya que “no son capaces de distinguir entre representantes de diferentes grupos nacionales o étnicos”.

“Además, muchas de las minas terrestres en cuestión fueron colocadas por Azerbaiyán, y fue Azerbaiyán quien durante décadas impidió con vehemencia el desminado en Nagorno-Karabaj”, dijo el representante armenio.

Como ejemplo de obstrucción de la remoción de minas, Kirakosyan citó la inclusión de Bakú en la lista negra de la única organización humanitaria para la remoción de minas en Nagorno-Karabaj (HALO Trust – ed.).

Las reclamaciones relativas a presuntos daños medioambientales también quedan fuera de la jurisdicción del tribunal. Incluso si el daño ambiental pudiera constituir discriminación racial, esto no se aplica a esta situación, concluyó el representante de Armenia.

El 16 de abril, Kirakosyan dijo en un debate en la Corte Internacional de Justicia que Armenia no reclama el territorio de Azerbaiyán y está comprometida a crear las condiciones para una paz sólida y duradera.

El representante de Azerbaiyán, Elnur Mamedov, señaló que el tribunal no tiene competencia para conocer del caso, ya que los cargos presentados por Armenia no entran dentro del ámbito de aplicación de la convención. En su opinión, el examen de la reclamación es inaceptable, ya que Ereván no cumplió la condición obligatoria de llevar a cabo negociaciones apropiadas con Bakú para resolver el conflicto de forma bilateral.

Kirakosyan aclaró que durante las audiencias Armenia tiene la intención de impugnar estas acusaciones. Según él, Armenia negoció de buena fe y cumplió con las exigencias del tribunal. Con sus argumentos, Azerbaiyán “no logró siquiera acercarse a demostrar que las demandas de Armenia no entran dentro del alcance de la Convención sobre Discriminación Racial”.

Bakú tampoco hizo nada para garantizar el regreso seguro de los armenios a Nagorno-Karabaj, como le pidió la Corte Internacional de Justicia en un fallo del 17 de noviembre de 2023.

Como informara SoyArmenio, el 17 de noviembre de 2023, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Azerbaiyán que garantizar el regreso seguro de los armenios a Nagorno-Karabaj. El tribunal dictaminó que Bakú debe brindar a los armenios la oportunidad de abandonar la región de manera segura y rápida si expresan tal deseo.

El 28 de septiembre, Armenia presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Azerbaiyán por presunta discriminación en Nagorno-Karabaj. Ereván, refiriéndose al art. 41 y 73 del Reglamento de la Corte, envió una solicitud para que se indiquen medidas provisionales para preservar y proteger los derechos consagrados en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.