
Armenia impulsa la hipoteca inversa como complemento a la pensión. Jubilados podrían entregar sus casas como garantía. Expertos alertan riesgo de pérdida de vivienda y abuso financiero. El debate crece en el Parlamento.
El Gobierno de Armenia impulsa un proyecto que permitiría a las personas mayores obtener un préstamo mensual entregando su vivienda como garantía. La medida aparece en la discusión del presupuesto 2026 y se presenta como una forma de complementar la pensión. El presidente del Comité de Catastro, Suren Tovmasyan, aseguró que la iniciativa busca “mejorar la calidad de vida de los jubilados”. “El pensionista podrá recibir una suma mensual extra y tendrá más oportunidades, incluso para viajar”, dijo Tovmasyan desde la tribuna del Parlamento.
Sin embargo, especialistas advierten riesgos severos. La propuesta implica que, tras la muerte del dueño, el banco obtiene la propiedad. Si la familia quiere mantener la vivienda, deberá pagar la deuda total dentro de seis meses. El mecanismo se conoce como hipoteca inversa y ya generó debates en países donde se aplica.
El abogado Tigran Muradyan considera que el proyecto puede derivar en formas de explotación. Señala que las autoridades no cuentan con estructuras de tutela que protejan a las personas mayores durante este tipo de acuerdos. “La situación del mercado inmobiliario ya es crítica. La gente pierde casas por deudas y las viviendas se venden por debajo del valor real. Con esta ley, el riesgo aumenta”, afirmó Muradyan.

El Código Civil armenio contempla contratos de cuidado a cambio de herencia, pero en la práctica casi no se usan. “Conozco casos donde un nieto prometió cuidar a su abuela y luego vendió el apartamento. Si eso ocurre dentro de una familia, ¿qué garantías existen frente a bancos y mediadores?”, explicó Muradyan.
El Gobierno señala que la hipoteca inversa funciona en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Sin embargo, estos modelos tienen antecedentes de fraudes, pérdidas de vivienda y conflictos legales. En Estados Unidos, miles de adultos mayores terminaron endeudados después de que aumentaran los intereses tras años de contrato. También se registraron disputas familiares cuando hijos descubrieron que ya no heredaban la vivienda familiar.
Muradyan afirma que el problema no es solo financiero. “Se juega con el derecho a la vivienda y con los vínculos afectivos que sostienen una herencia. El costo social puede ser profundo”.
El debate continúa en la Asamblea Nacional. Las organizaciones sociales preparan propuestas para introducir mecanismos de protección, asesoría obligatoria y supervisión estatal antes de la firma de cualquier acuerdo.






