Georgia endurece su ofensiva contra medios independientes: cinco leyes que asfixian la libertad de prensa

En solo seis meses, el Parlamento de Georgia, dominado por el partido oficialista Georgian Dream, aprobó cinco leyes que restringen severamente la libertad de prensa. El paquete legislativo, impulsado entre febrero y junio de 2025, criminaliza el financiamiento extranjero, elimina el secreto profesional y prohíbe la cobertura audiovisual de juicios, dejando a la prensa local en una situación de máxima vulnerabilidad.

“La prensa independiente en Georgia no puede sostenerse sin apoyo internacional. Con estas leyes, nos están condenando al silencio”, explicó a JAMnews un editor de Tiflis, que pidió mantener el anonimato por miedo a represalias.

La “Ley de Agentes Extranjeros” obliga a medios a registrarse como agentes de potencias foráneas

La norma más polémica es la Foreign Agents Registration Act (FARA), sancionada el 1 de abril de 2025. Obliga a cualquier medio u ONG que reciba más del 20% de su financiación del extranjero a registrarse como “agente de un poder extranjero”. No hacerlo conlleva multas mensuales de hasta 7.380 dólares y penas de prisión de hasta 5 años para directores o miembros del consejo de administración.

A diferencia de la ley homónima en Estados Unidos, que se enfoca en el lobby político, la versión georgiana ataca directamente a medios y sociedad civil.

“Lo peor no es solo el estigma, sino el riesgo penal. Nos tratan como traidores por recibir apoyo para investigar o informar”, declaró una periodista del medio Tabula, que no pudo cobrar un subsidio británico de £50.000 por falta de autorización del gobierno.

La nueva Ley de Radiodifusión habilita la censura estatal y prohíbe fondos extranjeros

Desde abril, los canales de televisión y radio tienen prohibido recibir cualquier tipo de financiación del exterior, incluyendo donaciones para campañas de concientización pública o producción de contenido. El cambio afecta de lleno a emisoras críticas, que dependen de cooperación internacional para subsistir en un mercado publicitario saturado por medios estatales.

Además, se otorgan nuevas facultades de censura a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que ahora puede juzgar si los contenidos respetan la “imparcialidad” o “exactitud”.

Dos meses después de la entrada en vigor, Georgian Dream denunció a tres canales (Pirveli, Formula y Mtavari Arkhi) por utilizar expresiones como “prisioneros del régimen” o “parlamento ilegal”. Aunque no se aplicaron sanciones, el mensaje fue claro: el Estado vigilará el lenguaje de los medios.

Las subvenciones extranjeras ahora deben ser autorizadas por el gobierno

La reforma de la Ley de Subvenciones, sancionada el 16 de abril, establece que ningún fondo extranjero puede entregar dinero a medios u ONG sin aprobación del gobierno. Las solicitudes deben ser evaluadas por la Oficina Anticorrupción, cuyo director es designado por el Primer Ministro.

Cualquier transferencia no autorizada se penaliza con una multa equivalente al doble del monto otorgado. El medio Tabula fue el primer afectado: el Reino Unido canceló un programa sobre elecciones municipales porque el Ejecutivo dilató la autorización durante semanas.

Se eliminó la protección de fuentes y se criminalizó la difamación

Las enmiendas a la Ley de Libertad de Expresión, aprobadas el 26 de junio, suprimen la protección del secreto profesional periodístico. A partir de ahora, un juez puede obligar a un reportero a revelar su fuente o, de lo contrario, fallar en su contra. También se invierte la carga de la prueba en casos de difamación: el periodista debe demostrar que su afirmación es verdadera, incluso si no hay “daño probado”.

Ya hubo condenas: seis periodistas fueron multados con hasta 1.400 dólares por usar términos como “esclavo” o “sinvergüenza” en redes sociales al criticar a políticos del oficialismo.

Filmar juicios se convirtió en delito, incluso en los pasillos de tribunales

La última ley del paquete, que modificó la Ley Orgánica sobre los Tribunales Generales, prohíbe grabar imágenes de juicios, no solo dentro de la sala, sino también en los pasillos e inmediaciones de los edificios judiciales. Antes de 2013, esto era ilegal, pero el propio Georgian Dream había derogado esa restricción en su primer mandato. Ahora, la volvió a imponer.

Desde el 30 de junio, los medios deben solicitar permiso al Consejo Superior de Justicia, que hasta hoy no ha autorizado ninguna grabación. Esto ocurre mientras más de 50 líderes opositores permanecen encarcelados, según informes de la prensa local.

Un cerco legal que amenaza con extinguir al periodismo libre en Georgia

“El mensaje es claro: si informás, te multan. Si criticás, te encarcelan. Si buscás fondos, te bloquean”, resumió el periodista Giorgi Gogia. Las organizaciones de derechos humanos advirtieron que estas leyes buscan paralizar al periodismo independiente.

La Comisión Europea ya advirtió que, si Georgia no revierte estas leyes, podría perder su régimen de exención de visado con la UE. Pero para los medios locales, la urgencia no es diplomática, sino existencial.

“No sabemos si podremos seguir informando dentro de tres meses. Cada día es una batalla legal más”, dijo un productor de Pirveli TV.