
Georgia vive intensas protestas pro-UE tras la suspensión de negociaciones de adhesión hasta 2028. Represión policial, barricadas y un debate sobre el rumbo democrático del país.
Las calles de Tbilisi y otras ciudades de Georgia se han convertido en escenario de represión policial a las protestas pro-UE tras la decisión del gobierno de suspender las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE) hasta 2028. Las protestas, que comenzaron en octubre, alcanzaron un nuevo punto álgido esta semana tras la declaración del primer ministro Irakli Kobakhidze, generando una ola de indignación y un enfrentamiento directo con las autoridades.
El viernes, decenas de miles de personas se congregaron frente al edificio del Parlamento en la Avenida Rustaveli, donde fueron dispersadas violentamente por la policía con cañones de agua y gases lacrimógenos. Los manifestantes, equipados con gafas protectoras y máscaras médicas, respondieron levantando barricadas con bancos y botes de basura para resistir el avance policial.
Según el Ministerio del Interior de Georgia, 107 personas fueron detenidas durante la segunda noche de protestas. Además, 33 heridos, incluidos periodistas y policías, fueron trasladados a hospitales. Reportes de los medios locales señalaron que el agua usada por las autoridades contenía una sustancia cáustica, causando quemaduras químicas en algunos manifestantes y periodistas.
Publika, un medio local, compartió un video mostrando a un manifestante siendo golpeado mientras estaba en el suelo, y denunció que la policía utilizó lenguaje obsceno y atacó a los periodistas que cubrían las protestas.

La suspensión del proceso de adhesión a la UE y el rechazo a las subvenciones europeas por parte del gobierno ha sido interpretado por la oposición y amplios sectores de la sociedad como un giro hacia una mayor influencia de Rusia en la política de Georgia. Este cambio ha exacerbado tensiones existentes desde las elecciones de octubre, en las que se cuestionaron los resultados.
La respuesta violenta del gobierno ante las protestas ha despertado críticas internacionales, mientras los ciudadanos continúan en las calles luchando por un futuro en el que Georgia sea parte de la Unión Europea. La actual crisis plantea preguntas sobre el rumbo democrático del país y la influencia de actores externos como Rusia en su política interna.
La presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, expresó su apoyo a los manifestantes en un mensaje televisado:
“Es obvio que nadie quiere tolerar la idea de una Georgia rusificada, despojada de la Constitución georgiana”.
Las manifestaciones se expandieron a otras ciudades como Batumi, Zugdidi y Poti, reflejando un rechazo generalizado a la política gubernamental que muchos consideran un alejamiento de la integración europea.






