PACE exige a Georgia frenar la persecución política y anular las leyes represivas

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) pidió a las autoridades de Georgia que pongan fin a la persecución de la oposición y que deroguen las leyes represivas que afectan a la financiación extranjera de medios y ONG. La delegación visitó Tiflis del 10 al 12 de noviembre y lanzó un mensaje directo: “Estas acusaciones tienen claramente una motivación política”, afirmaron los coponentes Edith Estrella y Sabina Wölkner.

Los enviados mantuvieron encuentros con Shalva Papuashvili, representantes del partido oficialista Sueño Georgiano y líderes de la oposición parlamentaria y extraparlamentaria. Los coponentes recordaron que la Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, la Ley de Subvenciones y las normas del Código de Infracciones Administrativas contradicen los estándares europeos. “Deberían ser derogadas”, señalaron citando las conclusiones de la Comisión de Venecia.

Críticas por casos penales y denuncias de persecución

La delegación expresó preocupación por los procesos abiertos contra dirigentes opositores, quienes podrían enfrentar largas penas por delitos contra el Estado. “Tales acciones no tienen cabida en una sociedad democrática”, advirtieron. En la misma línea, calificaron de alarmantes los intentos de prohibir varios partidos desde el Tribunal Constitucional. Para los coponentes, estas decisiones “establecerían efectivamente una dictadura en Georgia”.

También lamentaron que las autoridades impidieran una visita a la periodista Mzia Amaghlobeli, detenida por cargos que organizaciones locales consideran infundados.

La Comisión de Venecia sostiene su rechazo a las leyes

La Comisión de Venecia reiteró su pedido para anular la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, así como las enmiendas a la Ley de Subvenciones y a la Ley de Radiodifusión, que limitan el financiamiento internacional de medios independientes y ONG. El dictamen destacó que la Oficina Anticorrupción, encargada de aplicar estas regulaciones, “no muestra suficiente independencia”.

Según expertos consultados, el problema no radica en el origen de las normas sino en su uso político. La controversia crece mientras sectores del oficialismo defienden que la norma se inspira en la legislación estadounidense sobre agentes extranjeros, mientras analistas y organizaciones civiles insisten en que el contexto georgiano la vuelve un instrumento de presión.

PACE reafirmó su disposición a mantener un diálogo abierto con el gobierno para corregir el rumbo y garantizar que Georgia mantenga su compromiso con los valores democráticos europeos.