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Georgia aprueba ley que prohíbe la propaganda LGBT mientras enfrenta sanciones internacionales
Georgia aprueba ley que prohíbe la propaganda LGBT mientras enfrenta sanciones internacionales
El Parlamento de Georgia aprueba una ley que prohíbe la propaganda LGBT, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el tratamiento de reasignación de género. La comunidad internacional, incluida la UE y Estados Unidos, responde con críticas y sanciones.
El Parlamento de Georgia aprobó recientemente un proyecto de ley que prohíbe la propaganda LGBT, lo que ha generado una gran controversia tanto dentro del país como en la comunidad internacional.
La medida, impulsada por el partido gobernante “Sueño Georgiano”, incluye la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, la reasignación de género y las reuniones públicas destinadas a promover los derechos de la comunidad LGBTQ+.
Esta nueva legislación llega en un momento crítico, ya que Estados Unidos y la Unión Europea han manifestado preocupaciones sobre el retroceso en los derechos humanos en Georgia.
¿Qué incluye la nueva ley de Georgia?
El paquete legislativo aprobado por el Parlamento de Georgia consta de varias medidas que restringen los derechos de la comunidad LGBTQ+. Entre los principales puntos de la ley se incluyen:
- Prohibición de la propaganda LGBT en los medios de comunicación y espacios públicos.
- Prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo.
- Restricciones sobre el tratamiento de reasignación de género y procedimientos médicos relacionados.
- Limitaciones en la organización de eventos o manifestaciones a favor de los derechos LGBTQ+.
- Restricciones a la exhibición de contenido LGBTQ+ en medios visuales, especialmente para menores de 18 años.
El partido de oposición no participó en la votación final, lo que demuestra el grado de polarización política en Georgia en torno a los derechos de las minorías. El proyecto de ley fue aprobado con 84 votos a favor, todos provenientes de la mayoría parlamentaria.
Críticas de la comunidad internacional
La Unión Europea expresó su descontento con la nueva legislación, argumentando que socava los derechos fundamentales de los ciudadanos georgianos. En una declaración oficial, el portavoz de la UE, Peter Stano, afirmó:
“Este paquete socava los derechos fundamentales del pueblo georgiano y corre el riesgo de provocar una mayor estigmatización y discriminación de una parte de la población”.
Además, destacó que la falta de consultas públicas y el rápido proceso de aprobación del proyecto de ley son contrarios a las normas europeas.
Por su parte, Estados Unidos también respondió con dureza a la aprobación de esta ley. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a varios funcionarios del gobierno georgiano, acusándolos de “socavar las libertades fundamentales”. Entre los sancionados se encuentran:
- Zviad Kharazishvili, jefe del Departamento de Asignaciones Especiales del Ministerio del Interior de Georgia.
- Milleri Lagazauri, adjunta de Kharazishvili.
Ambos funcionarios han sido acusados de participar en la represión de manifestantes pacíficos y opositores políticos. Además, EE. UU. impuso restricciones de viaje a más de 60 ciudadanos georgianos y sus familiares, entre los que se incluyen altos funcionarios y empresarios corruptos.
Impacto en las relaciones de Georgia con Occidente
Las relaciones entre Georgia y sus aliados occidentales se han deteriorado considerablemente en los últimos años, especialmente después de la adopción de la ley de Transparencia de la Influencia Extranjera en marzo de 2023, la cual ha sido criticada por su similitud con la legislación rusa que regula la influencia extranjera en organizaciones no gubernamentales. Este nuevo paquete legislativo refuerza la idea de que Georgia se está alejando de los principios democráticos promovidos por sus socios europeos y estadounidenses.
La oposición política y más de 30 organizaciones de la sociedad civil en Georgia han condenado la ley, emitiendo una declaración conjunta en la que pidieron al presidente georgiano que vete el proyecto de ley. En la declaración, afirmaron que la legislación “legaliza el odio, la censura y la opresión”. Además, advirtieron que la ley podría sentar un precedente para la represión de otros derechos en el futuro.
