Funcionarios del gobierno de Armenia declaran US$1,5 millones en criptomonedas en 2024

Ereván, 03 de noviembre de 2025 – Setenta y dos funcionarios del poder ejecutivo de Armenia declararon en 2024 tener criptomonedas por un valor total de US$ 1,456,400. La más popular es Bitcoin ($744,300), seguida por Fasttoken ($484,000), Ethereum ($130,000), Ton ($14,000), Solana ($5,100) y otras criptomonedas ($79,000).

El mayor poseedor es Aram Jivanyan, presidente del Comité de Industria Militar del Ministerio de Alta Tecnología, con $711,000 en criptomonedas. Gurgen Arsenyan, embajador armenio en Rusia, declaró $250,050, mientras que Davit Khachatryan, viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene $159,000.

Jivanyan explicó que comenzó en criptografía en 2010 y fundó la primera startup armenia basada en esta tecnología. Vendió algoritmos criptográficos a Samsung y creó productos de encriptación en Francia. “Todo el cripto que tengo ahora se adquirió con cripto que yo mismo creé. No soy fan de las criptomonedas, soy criptógrafo y científico”, señaló.

Khachatryan destacó que, como economista, considera que las criptomonedas y la tecnología blockchain tienen gran potencial de crecimiento y aplicación global. “El mercado es más predecible porque algunas criptomonedas tienen límite de emisión, como Bitcoin con 21 millones de unidades”, dijo. Además, afirma que el 5-6% de la población armenia ya posee criptomonedas, un número comparable al de usuarios de Google en 1998-1999.

El interés en criptomonedas ha aumentado tras la Ley de Criptoactivos de mayo de 2025, que regula la oferta, compra y venta de criptoactivos en Armenia, incluyendo la supervisión del Banco Central y las responsabilidades legales de los participantes del mercado.

Khachatryan reconoció la volatilidad reciente del mercado de criptomonedas, afectado por tensiones comerciales internacionales, pero aseguró que diversifica y convierte parte de sus activos en efectivo cuando es necesario, manteniendo su visión a largo plazo.

En mayo de 2025 también se modificó la Ley del Servicio Público, haciendo obligatorio declarar los criptoactivos en las declaraciones financieras de los funcionarios.