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Fiscalía envía a juicio a la esposa del exministro de Defensa Seyran Ohanyan por falsificar documentos de propiedades para evitar su confiscación

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⚖️ La Fiscalía armenia lleva a juicio a la esposa del exministro Seyran Ohanyan por presunta falsificación en la venta de propiedades embargadas en Ereván. El caso reabre el debate sobre corrupción y activos ilegales. #Armenia

La Fiscalía General de Armenia remitió al tribunal el caso penal contra Ruzanna Khachatryan, esposa del exministro de Defensa Seyran Ohanyan, junto a otras dos personas vinculadas a su entorno familiar, por falsificar documentos de propiedades obtenidas por corrupción para impedir su confiscación.

Según la fiscalía, dos inmuebles en la calle Nalbandyan fueron registrados a nombre de una sobrina política y luego transferidos de forma ficticia.

Propiedades bajo embargo y contratos retroactivos

En noviembre de 2021, un tribunal impuso embargo sobre los bienes y prohibió cualquier disposición a Ohanyan. La decisión se notificó oficialmente y el Servicio de Ejecución Forzosa quedó a cargo del control.

Pese a la restricción, la investigación sostiene que entre diciembre de 2021 y junio de 2022 se elaboraron contratos de compraventa con fecha retroactiva al 1 de septiembre de 2021. Los documentos no contaban con certificación notarial.

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Fiscalía de Armenia envía a juicio a la esposa de Seyran Ohanyan por presunta falsificación para evitar confiscación de bienes.

Según la acusación, los contratos simulaban la venta por 502. 220.000 123.250.000 drams. En junio de 2022, la compradora presentó esos documentos ante el tribunal civil, que en abril de 2023 reconoció su derecho de propiedad.

La fiscalía afirma que la operación buscaba crear obstáculos legales para recuperar activos presuntamente adquiridos durante la vida familiar del exministro.

Demanda civil y recuperación de activos

En abril de 2022, el Ministerio Público presentó una demanda ante el Tribunal Civil Anticorrupción para recuperar a favor del Estado las partes no justificadas por ingresos legales.

La causa se enmarca en los procesos de control patrimonial iniciados tras los cambios políticos posteriores a la Revolución de Terciopelo en Armenia.

El expediente abre interrogantes sobre la actuación judicial en el reconocimiento de la propiedad pese a la existencia de un embargo previo. La fiscalía no detalló si analiza responsabilidades adicionales.

El caso vuelve a colocar bajo escrutinio a figuras del antiguo establishment militar y político. El tribunal deberá ahora evaluar la validez de las pruebas y determinar responsabilidades penales.

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