
🚨 Caso Galstanyan: la justicia armenia busca recuperar tierras estratégicas compradas irregularmente por el arzobispo Vazgen (Bagrat) Galstanyan 🔍
Un nuevo caso sacude la escena política de Armenia. La Fiscalía General pidió a la justicia que obligue al arzobispo Vazgen (Bagrat) Galstanyan, detenido por golpismo, a devolver al Estado un terreno militar transferido de forma irregular.
El caso involucra propiedades estratégicas en la región de Tavush y reabre el debate sobre corrupción y uso indebido de bienes públicos.
Según la Fiscalía General de Armenia, el terreno de más de 6 hectáreas, junto a varias construcciones militares, fue vendido en 2017 por apenas AMD400.000.
La propiedad incluye cuarteles, almacenes, viviendas y otras infraestructuras que originalmente estaban bajo control del Ministerio de Defensa.
Antes de esa operación, el terreno había sido transferido en 2014 a un particular por más de AMD8,7 millones.

El punto clave del caso es legal. Las autoridades sostienen que el terreno es de “uso especial”. Según la legislación armenia, este tipo de propiedad no puede ser privatizada ni transferida.
El análisis de documentos del catastro confirmó que el estatus del terreno no cambió en ningún momento. Esto implica que todas las operaciones posteriores podrían ser consideradas nulas.
El 16 de marzo de 2026, la Fiscalía presentó una demanda ante el Tribunal Anticorrupción de Armenia. El objetivo es recuperar tanto el terreno como las construcciones y devolverlos al Estado.
Además, existe otra causa iniciada en 2023 que busca anular el contrato de compraventa original. Aunque esa demanda fue rechazada por prescripción, la Fiscalía ya apeló la decisión.
El proceso judicial se da en paralelo a la detención de Galstanyan, acusado de intento de terrorismo, según fuentes oficiales.
Esto añade una dimensión política al caso y aumenta su impacto público. La Fiscalía sostiene que la recuperación del terreno es clave para proteger los intereses del Estado.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la gestión de bienes públicos en Armenia. También expone debilidades en los mecanismos de control sobre activos estratégicos.
La decisión final del tribunal será clave para definir responsabilidades y sentar precedentes.






