Samvel Karapetyan inicia disputa legal internacional contra el Gobierno de Armenia por la nacionalización de ENA

El magnate armenio Samvel Karapetyan, fundador del Grupo Tashir, notificó formalmente al Gobierno de Armenia sobre el inicio de una disputa legal de inversión internacional por la nacionalización de las Redes Eléctricas de Armenia (ENA), en un nuevo episodio del creciente conflicto entre el poderoso empresario y el primer ministro Nikol Pashinyan.

Según informó el servicio de prensa del conglomerado, el aviso se ampara en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Armenia y Chipre el 18 de enero de 1995, que habilita a los inversores a recurrir a arbitraje internacional en caso de violaciones a sus derechos por parte del Estado receptor.

El empresario acusa a Pashinyan de persecución política y recurre al arbitraje internacional amparado en el acuerdo bilateral Armenia–Chipre

“El aviso constituye una advertencia clara de que Armenia podría enfrentar consecuencias legales y financieras si continúa vulnerando sus compromisos internacionales”, sostiene el comunicado emitido por Tashir Group, propiedad del empresario que figura entre los armenios más influyentes del mundo.

El trasfondo: nacionalización exprés y acusaciones cruzadas

El conflicto escaló tras las declaraciones públicas de Nikol Pashinyan del pasado 18 de junio, en las que denunció que la empresa Liormand Holdings Limited, registrada en Chipre y vinculada a la familia Karapetyan, mantiene una estructura opaca de control sobre ENA, una de las principales distribuidoras eléctricas del país.

En respuesta, el aparato estatal armenio aceleró un proceso legislativo que derivó en la convocatoria a una sesión especial de la Asamblea Nacional el 1 de julio, donde se espera aprobar un paquete legal que habilita al Estado a requisar activos estratégicos bajo control extranjero.

Desde el entorno de Karapetyan se denuncia que esta maniobra constituye una “incautación arbitraria, discriminatoria y políticamente motivada”, y que el Gobierno viola flagrantemente sus obligaciones internacionales.

“Se ha desplegado una ofensiva institucional para presionar a ENA y apoderarse de sus activos, desconociendo las garantías de trato justo, seguridad jurídica y no discriminación contempladas en el acuerdo bilateral Armenia–Chipre”, afirman los accionistas.

Arbitraje internacional: el próximo capítulo

Los representantes legales de Karapetyan advierten que, de no cesar las acciones, Armenia deberá afrontar un juicio internacional y pagar compensaciones millonarias. El proceso podría derivar en una demanda ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), organismo del Banco Mundial encargado de resolver este tipo de disputas entre Estados e inversores extranjeros.

“El acuerdo firmado por Armenia es claro: cualquier medida equivalente a expropiación sin compensación, y sin un proceso legal justo, constituye una violación del derecho internacional”, afirma un experto en derecho internacional consultado por Noticias del Cáucaso.

Un caso con fuerte impacto político y económico

La disputa no es solo legal, sino profundamente política. El Gobierno de Pashinyan sostiene que busca recuperar activos estratégicos mal gestionados o adquiridos en condiciones desventajosas durante los gobiernos anteriores, mientras que la oposición denuncia una “vendetta” contra empresarios vinculados a círculos no oficialistas.

Karapetyan, con inversiones en energía, construcción, telecomunicaciones y comercio minorista, es también un actor clave en la diáspora armenia y ha sido históricamente cercano a sectores que hoy son críticos del oficialismo.

El caso será un test decisivo para el clima de inversiones en Armenia, en momentos en que el país intenta atraer capital europeo y diversificar su economía. También se convierte en una señal para otros inversores internacionales que observan con atención cómo el gobierno trata los compromisos contractuales y los principios de seguridad jurídical.