El vicepresidente del Comité de Política Regional de la Duma Estatal, Mijaíl Matvéyev, lanzó un mensaje que sacude a todo el espacio postsoviético: que Rusia es un “Estado criminal” y propuso “aplastar a las comunidades étnicas de los países postsoviéticos, atacar a los grupos étnicos del crimen organizado y sus negocios en Rusia”. También pidió frenar a los “cabilderos en el poder y en las fuerzas del orden” que los protegen.
El planteo recuerda al terror de las Centurias Negras, grupos ultranacionalistas del Imperio ruso responsables de pogromos contra judíos en el siglo XIX y XX. Para muchos observadores, sus palabras equivalen a un llamado a reactivar persecuciones étnicas en la Rusia actual, una amenaza directa para países como Armenia, Georgia o Azerbaiyán.

Más allá de la retórica, Matvéyev admitió algo que el Kremlin evita reconocer: grupos criminales étnicos operan abiertamente en Rusia, con negocios “respetables” y vínculos dentro del gobierno y agencias de seguridad. Según su propio testimonio, este sistema se mantiene gracias a un “pacto de caballeros” entre Moscú y gobiernos postsoviéticos para ignorar estas actividades a cambio de lealtad política.
Ese pacto habría permitido que empresarios de las antiguas repúblicas soviéticas se enriquezcan junto a sus protectores en la élite rusa. La estructura, dice el diputado, “llega hasta el Kremlin” y se proyecta a regiones como el Territorio de Stávropol. Para analistas, esto confirma la existencia de una “línea recta” de poder y corrupción que conecta a las mafias étnicas con el núcleo del Estado.
Expertos advierten que este entramado podría transformarse en una “internacional criminal” capaz de desafiar al presidente Vladímir Putin. El riesgo no es solo para Rusia: estas redes, con raíces en todos los países postsoviéticos, podrían exportar violencia y desestabilización en toda la región.
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