No en mi nombre: figuras de la diáspora cuestionan al Gobierno de Armenia y hacen campaña opositora. Por Klaus Lange Hazarian

Esta semana, un grupo de dirigentes de la diáspora, liderado por personalidades vinculadas a la Federación Revolucionaria Armenia (ARF) y a la Unión General Benevolente Armenia (AGBU), se alineó formalmente para lanzar un ataque generalizado contra el gobierno de la República de Armenia. Lo hicieron en el contexto de la lucha del gobierno contra la intromisión de la Iglesia en la vida política del país y para apoyar la agenda de la oposición de cara a las próximas elecciones.

En su declaración, afirman inequívocamente que las cuestiones de gobierno de la Iglesia, incluido el liderazgo del Catholicós, deben resolverse exclusivamente en el seno eclesiástico y sin intervención estatal. Los firmantes advierten que el gobierno será el responsable de “profundizar” las divisiones entre Armenia y la diáspora global.

Su advertencia es aún más grave: “Aunque no sea intencional, el enfoque del gobierno armenio corre el riesgo de cortar su relación con la diáspora, algo que ni siquiera el Imperio Otomano o la Unión Soviética fueron capaces de hacer”.

La declaración se produce un día después de que se conociera la nominación del primer ministro adjunto de Rusia y millonario Samvel Karapetyan, a quien presentan como una víctima que fue encarcelado por “defender” a la Iglesia, omitiendo que sus llamamientos iban dirigidos contra el orden democrático.

Firmaron la carta, autodenominándose “descendientes de sobrevivientes del genocidio armenio y miembros de la Iglesia Armenia Mundial”, personalidades como Noubar Afeyan, cofundador de Moderna; Anthony Barsamian, expresidente de la Asamblea Armenia de América; Lord Ara Darzi de Denham, cirujano armenio-británico y miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido; el médico y filántropo de UCLA Eric Esrailian; el empresario Vatche Manoukian; el financiero francés Joseph Oughourlian; y Berge Setrakian, expresidente de AGBU.

Esta declaración de destacados miembros de la diáspora armenia presenta una visión profundamente emotiva y culturalmente arraigada de la relación entre la Iglesia Apostólica Armenia, el Estado y la diáspora.

Sin embargo, desde una perspectiva de análisis crítico y en defensa de los principios de un Estado de derecho, laico y soberano, su postura es equivocada y, sin pretenderlo, autoritaria, ya que termina sustentando los ataques híbridos que Moscú realiza contra Armenia.

La primera falacia: la equiparación histórica.

El argumento central de los firmantes es que el gobierno actual se arriesga a “cortar la relación con la diáspora” de una manera que “ni siquiera el Imperio Otomano o la Unión Soviética fueron capaces de hacer”.

Esta es una comparación históricamente insostenible y retóricamente manipuladora. Equiparar las políticas de un gobierno democráticamente electo (con todos sus posibles defectos) con un genocidio que buscó la exterminación física del pueblo armenio, o con una dictadura atea que buscó erradicar la religión mediante la persecución y el martirio, es un ejercicio de hipérbole que trivializa el sufrimiento real de esas épocas.

El gobierno armenio no está masacrando ni exiliando a la diáspora. Está ejerciendo su soberanía sobre las instituciones dentro de su territorio.

La diáspora tiene todo el derecho a mantener sus lazos culturales y religiosos, pero el gobierno de la República de Armenia tiene la obligación de legislar y administrar justicia dentro de sus fronteras sin que su legitimidad sea puesta en duda mediante comparaciones con regímenes genocidas.

La segunda falacia: confundir identidad nacional con institución eclesiástica.

Afirmar que atacar a la jerarquía eclesiástica es atacar a la nación misma implica una peligrosa confusión. Si bien es indiscutible el rol histórico de la Iglesia como pilar de la identidad armenia durante la falta de Estado, la realidad actual es diferente. Armenia es una república soberana, no una teocracia, y la separación Iglesia-Estado es un pilar fundamental de su democracia.

La Constitución armenia garantiza la libertad religiosa y la separación de poderes. Que la gran mayoría de los armenios sean miembros de la Iglesia no convierte a esta en una institución estatal inmune a la crítica o a la investigación judicial.

En realidad, la declaración defiende el “autogobierno de la Iglesia” como si este estuviera por encima de la ley civil, desvirtuando la ecuación entre autonomía e impunidad.

Si clérigos cometen delitos comunes (como soborno, evasión de impuestos o incitación al odio, según lo que la justicia determine), el Estado tiene la potestad y el deber de juzgarlos, independientemente de su investidura.

El encarcelamiento de arzobispos no es necesariamente “persecución”, sino el posible resultado de actos que la ley civil tipifica como delitos.

La tercera falacia: el chantaje de la diáspora a la soberanía nacional.

Los firmantes amenazan con buscar “remedios políticos y acciones legales” de sus gobiernos (EE. UU., Reino Unido, etc.) para “proteger sus derechos religiosos”, elevando así su ciudadanía de adopción por encima de la armenia.

Aquí subyace una visión paternalista y potencialmente desestabilizadora: la idea de que la diáspora, que no reside en Armenia ni paga impuestos en el país, tiene derecho a dictar políticas internas al gobierno armenio mediante la presión de potencias extranjeras. Invocar a gobiernos extranjeros para intervenir en asuntos internos de Armenia (como un conflicto legal con una iglesia) es un acto que socava la soberanía del Estado armenio.

Es paradójico que, para proteger una institución que sobrevivió al genocidio, se utilice la misma herramienta (la presión de potencias externas) que históricamente fue utilizada para dividir y dominar naciones más débiles.

Su “derecho a practicar su religión” en sus países de residencia no se ve afectado por lo que ocurra con la cúpula eclesiástica en Ereván, ya que la Iglesia en la diáspora es autónoma en su gestión local.

La cuarta falacia: la idealización de la Iglesia como institución apolítica.

Presentar a la Iglesia únicamente como una víctima que provee “sustento espiritual”, ajena a la política, es una visión ingenua o deliberadamente sesgada de la realidad. En las últimas décadas, la Iglesia Armenia ha sido un actor político de primer orden en Armenia. De hecho, desde hace tres años, ha realizado llamamientos públicos al derrocamiento del actual gobierno.

La iglesia no es un estado dentro de otro estado con inmunidad diplomática. Posee propiedades, influye en el voto de los fieles y toma posturas públicas en contra de políticas gubernamentales. Cuando una institución con ese poder respalda o denuncia a partidos políticos, deja de ser solo un “sustento espiritual” para convertirse en un contrapeso político. Si la Iglesia quiere mantener su autoridad moral, debe aceptar las mismas reglas de transparencia y legalidad que exige al gobierno.

Exigir “no interferencia” mientras se influye activamente en la opinión pública contra el gobierno es una postura insostenible.

Esta declaración apela al corazón y a la memoria histórica para defender el statu quo de una institución poderosa. Sin embargo, sus argumentos confunden la fe con la política y la identidad nacional con los intereses de una jerarquía eclesiástica.

El gobierno armenio tiene el derecho y la responsabilidad de garantizar que todas las instituciones dentro de su territorio, incluida la Iglesia y su máxima autoridad, operen dentro del marco de la ley.

No hay que mezclar altar y bandera

Si la diáspora realmente busca la prosperidad de Armenia, debería abogar por el fortalecimiento de sus instituciones democráticas y su Estado de derecho, en lugar de amenazar con romper lazos o invocar potencias extranjeras cada vez que sus preferencias políticas internas no se alinean con las decisiones de un gobierno soberano. La fe es eterna y personal; la política es terrenal y debe estar sujeta al escrutinio público y legal.

Nunca hay que olvidar lo que ocurrió el 24 de diciembre de 1933, cuando en plena misa en Nueva York, asesinaron al arzobispo Ghevond Durian. La prensa de Estados Unidos lo calificó como “un crimen inaudito”. El caso desató una guerra interna en la diáspora y abrió una pregunta incómoda: ¿puede la Iglesia Apostólica Armenia convertirse en instrumento del patriotismo?

El crimen no fue un hecho aislado. Reflejó la fractura entre nacionalistas de la Federación Revolucionaria Armenia y sectores antifascistas. Ambos se proclamaban patriotas. Ambos acusaban al otro de traición. Durian pagó con su vida su negativa a mezclar altar y bandera.