
EE.UU. acusa a un ciudadano afgano vinculado a la Guardia Revolucionaria de Irán por un complot para asesinar a Donald Trump y un periodista disidente. Teherán rechaza las acusaciones como conspiración.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha revelado cargos contra un ciudadano afgano presuntamente vinculado con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) por conspirar para asesinar al expresidente Donald Trump y a un destacado periodista disidente de origen iraní en Nueva York. Según las autoridades, esta trama formaba parte de un plan de represalia por el asesinato del general iraní Qassem Soleimani, muerto en un ataque estadounidense en 2020, ordenado por el propio Trump.
El acusado principal, Farhad Shakeri, de 51 años y residente en Irán, habría recibido instrucciones directas del CGRI para elaborar un plan para asesinar a Trump. Otros dos hombres, Carlisle Rivera y Jonathon Loadholt, ambos de Nueva York, enfrentan cargos por conspirar para matar a un disidente iraní-estadounidense que reside en la ciudad, quien se cree podría ser la periodista y activista Masih Alinejad. Según el FBI, tanto Rivera como Loadholt fueron arrestados y comparecieron ante un tribunal en Nueva York.
Shakeri habría utilizado una red de contactos criminales que conoció en Estados Unidos antes de ser deportado en 2008, tras cumplir una condena por robo. Se acusa a Shakeri de coordinar actividades de vigilancia y organización de ataques bajo la dirección del CGRI, utilizando esta red para ejecutar complots en suelo estadounidense.
El director del FBI, Christopher Wray, declaró que estos cargos “exponen los continuos y descarados intentos de Irán de atacar a ciudadanos estadounidenses, incluidos altos funcionarios como el presidente electo Donald Trump y críticos del régimen iraní”.
Estas declaraciones se producen en medio de la incertidumbre sobre la seguridad del exmandatario tras ser objetivo de otros dos intentos de asesinato este año, uno de los cuales involucró un tiroteo en un mitin de campaña.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha rechazado las acusaciones de implicación en el supuesto complot. Ismail Baghai, portavoz del ministerio, calificó los cargos como “una conspiración israelí” y argumentó que esta reiteración de acusaciones tras las elecciones presidenciales estadounidenses solo busca complicar las relaciones entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con la denuncia penal, Shakeri reveló a agentes encubiertos del FBI que un funcionario del CGRI le contactó en septiembre para organizar el asesinato de Trump. Al expresar Shakeri que el complot requeriría “una cantidad enorme de dinero”, el oficial iraní supuestamente respondió: “El dinero no es un problema”. En conversaciones posteriores, se le pidió a Shakeri presentar un plan detallado en solo siete días. El CGRI estaba dispuesto a esperar a que pasaran las elecciones si no se lograba cumplir con el plazo, en caso de que Trump no ganara, ya que se consideraba que sería más fácil llevar a cabo el asesinato después de la votación.
Además, este supuesto complot para asesinar a Trump no es un hecho aislado. Estados Unidos ha acusado a Irán en otras ocasiones de intentar atentar contra funcionarios estadounidenses como John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional, e incluso ha ofrecido una recompensa de 20 millones de dólares por información que conduzca al arresto de quienes planearon el complot en su contra.
La denuncia del Departamento de Justicia llega en un contexto de tensiones prolongadas entre Estados Unidos e Irán, exacerbadas desde el asesinato de Soleimani y la posterior retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán en 2018. Estos eventos han llevado a un aumento en las sanciones estadounidenses y en los señalamientos hacia Teherán por su supuesta participación en actividades desestabilizadoras en la región y en el extranjero.
Para el gobierno de Joe Biden, este nuevo caso representa un desafío adicional en sus esfuerzos por estabilizar las relaciones con Irán, que ya han sido afectadas por incidentes en Oriente Medio y amenazas directas contra ciudadanos y funcionarios estadounidenses.
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