Más de 26 mil desplazados de Nagorno Karabaj ya obtuvieron la ciudadanía armenia

Un total de 26.233 personas desplazadas por la fuerza de Nagorno Karabaj ya recibieron la ciudadanía armenia, según confirmó el viceministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Davit Khachatryan, durante una sesión de la Asamblea Nacional. El dato surgió en el debate por la ratificación de acuerdos con el Banco Asiático de Desarrollo, vinculados al programa THRIVE.

La declaración respondió a una pregunta del diputado oficialista Babken Tunyan, quien recordó que la ciudadanía armenia es un requisito obligatorio para acceder a los programas estatales de vivienda asequible. En ese contexto, el funcionario desmintió versiones sobre supuestas negativas masivas.

Ciudadanía armenia y acceso a vivienda

Khachatryan precisó que del total de nuevos ciudadanos, 16.919 son adultos y 8.314 menores. Además, informó que 6.696 solicitudes continúan en trámite ante las autoridades competentes. “A día de hoy, puedo mencionar los números”, afirmó el viceministro ante los legisladores.

El debate se dio en el marco de políticas públicas orientadas a la integración de quienes huyeron tras la ofensiva final sobre Nagorno Karabaj. El Gobierno busca garantizar condiciones mínimas de estabilidad legal y social para los desplazados.

Desmentida oficial sobre rechazos

Ante rumores sobre rechazos sistemáticos, Khachatryan fue directo. “No hemos recibido mensajes tan inquietantes”, aseguró. Desde el Ejecutivo sostienen que el proceso avanza conforme a la ley y que no existen bloqueos administrativos deliberados.

La obtención de la ciudadanía armenia se volvió clave tras el éxodo masivo de la población armenia de Karabaj, que redefinió la agenda social y habitacional del país.

Un desafío estructural para Armenia

La llegada de decenas de miles de nuevos ciudadanos presiona el sistema de vivienda, empleo y asistencia social. Programas como THRIVE apuntan a mejorar la habitabilidad y el empoderamiento económico, con apoyo internacional y financiamiento externo.

El Ejecutivo insiste en que la regularización jurídica es el primer paso para una integración sostenible, en un país que aún procesa el impacto humano y político del conflicto.