El Gobierno de Armenia reclama la confiscación del edificio del circo de Ereván: nuevo golpe contra el imperio Tashir Group

En plena agitación política interna y con múltiples frentes judiciales abiertos, el Comité de Administración de la Propiedad Estatal de Armenia presentó una demanda formal para revertir el contrato de privatización del histórico edificio del circo de Ereván, junto con sus instalaciones auxiliares y el terreno que lo rodea, que detenta Tashir Group, en medio de investigaciones por desvío de fondos.

La petición, presentada el 1 de abril de 2025 ante el Tribunal de Jurisdicción General de Ereván, apunta directamente contra Circo Cercano SPL, sociedad controlada en un 76,5 % por el holding Tashir Group, propiedad de la influyente familia Karapetyan. El caso fue asignado al juez Sargsis Yeritsyan.

Una disputa de 14 años por un símbolo nacional: de la privatización a la parálisis

El contrato de enajenación original, fechado el 14 de febrero de 2011, contemplaba la inversión privada para la restauración y modernización del circo. Sin embargo, el proceso quedó interrumpido y fue modificado en 2012, cuando se demolió el edificio original y se anunció la construcción de uno nuevo. A pesar de que la finalización de las obras fue prorrogada por el gobierno hasta 2015, el circo jamás reabrió.

Según la demanda del Comité de Propiedad Estatal, la empresa incumplió reiteradamente los términos contractuales y ahora se exige la nulidad del contrato, la restitución de los bienes al Estado y el reconocimiento legal de la propiedad de la República de Armenia sobre los 6.070 metros cuadrados del edificio principal, 180 metros cuadrados del inmueble auxiliar y el terreno de 0,57 hectáreas.

Karapetyan bajo presión: entre la Iglesia, la política y la justicia

La acción judicial se produce en un contexto más amplio de choque frontal entre el gobierno de Nikol Pashinyan y la red empresarial y religiosa vinculada a Samvel Karapetyan, presidente del Grupo Tashir y figura clave en el apoyo a la Iglesia Apostólica Armenia y sectores opositores radicales.

Karapetyan, uno de los empresarios más poderosos de Armenia y la diáspora rusa, declaró en 2017:

“Si los políticos fracasan, entonces participaremos en todo a nuestra manera. Siempre estaré con la Iglesia armenia y el pueblo armenio”.

Estas declaraciones, difundidas por news.am, le valieron una acusación formal por parte de la fiscalía en 2025 bajo el artículo 422 del Código Penal por incitación pública a derrocar el orden constitucional.

Allanamientos simultáneos: Tashir Group, ENA y la nueva ofensiva estatal

El 2 de julio, las fuerzas de seguridad allanaron la sede central del Tashir Group. El 8 de julio, continuaron las investigaciones en la residencia de Narek Karapetyan, actual presidente del consejo de administración de Electric Networks of Armenia (ENA) y sobrino de Samvel Karapetyan. También se realizaron registros en las oficinas de la ENA, lo que revela una clara intensificación de las acciones del gobierno contra el clan Karapetyan.

Las investigaciones fiscales apuntan a presuntas irregularidades en contratos de infraestructura y transferencias ilegales de capitales, en coincidencia con el inicio de la llamada “guerra civil política” de 2025, marcada por la represión a sectores opositores, incluidos partidos tradicionales como Dashnaktsutyun y movimientos pro-Iglesia.

Un símbolo en disputa: el circo como campo de batalla político

El Circo de Ereván, cerrado desde hace más de una década y cuya reconstrucción se convirtió en un símbolo del estancamiento y la corrupción en la era post-soviética, emerge hoy como escenario de una disputa entre el poder estatal y el capital privado ligado a Moscú.

Mientras el gobierno insiste en que la recuperación del inmueble es parte de una política de “restauración del patrimonio nacional y transparencia contractual”, para los críticos se trata de una expropiación selectiva con fines políticos, especialmente en el contexto de la lucha por consolidar un modelo pro-occidental y neutralizar la influencia rusa.

La resolución del caso judicial marcará un precedente clave en el nuevo equilibrio entre el Estado, el capital oligárquico y el poder simbólico de la Iglesia, en un país que redefine sus alianzas internas y externas.