
🐾 Activistas armenios denuncian que la nueva ley sobre animales viola derechos y oculta riesgos ecológicos. Exigen transparencia y revisión urgente. 🌿 #Armenia #Animales
Ereván, 03 de noviembre de 2025 – Varias organizaciones de defensa de los derechos de los animales presentaron una petición formal al Parlamento de Armenia para exigir la suspensión del debate del proyecto de ley “Sobre el trato responsable hacia los animales”, argumentando violaciones a los principios de transparencia, participación pública y estándares internacionales.
La iniciativa fue impulsada por ONG como “El sol es de todos”, DOGMA, Ledi, Vetmir y Pozitiv, entre otras. En el texto, los firmantes expresan su preocupación por la falta de respuesta a las propuestas enviadas al Asamblea Nacional y acusan a las autoridades de “negar espacios reales de participación ciudadana” durante las audiencias públicas.
“Las sesiones se realizaron de manera formal, sin posibilidad de diálogo técnico, y en algunos casos se impidió la entrada de activistas bajo pretextos dudosos”, denuncia el documento.

El texto del proyecto prevé la retirada masiva de animales callejeros, su internamiento en refugios y la posible eutanasia de los no reclamados tras un periodo breve. Los defensores alertan que esto podría derivar en graves consecuencias ecológicas y sanitarias, además de vulnerar principios éticos.
Los activistas sostienen que, si la captura no alcanza al menos al 70-75 % de la población urbana, la reproducción natural compensará las bajas, lo que generará un repunte descontrolado de animales callejeros y propagación de enfermedades. En el escenario contrario, si se supera ese umbral, podría desequilibrarse el ecosistema urbano, generando infestaciones de ratas y nuevos riesgos epidemiológicos.
“El enfoque propuesto no solo es ineficaz, sino que contradice los estándares internacionales de protección animal”, señalan las organizaciones.
El documento cita presuntas violaciones de la Convención de Aarhus, que garantiza los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental. También advierte incompatibilidades con tratados internacionales como la Convención sobre la Diversidad Biológica, la Convención de Ramsar y la Convención de Berna.
Los firmantes advierten que, de aprobarse el proyecto sin modificaciones, recurrirán al Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus de la ONU y a otras instancias internacionales.
El debate se produce a pocas semanas de las elecciones legislativas, un contexto que —según los activistas— agrava la falta de confianza hacia las instituciones. “Si ahora se margina a la sociedad civil, ¿qué ocurrirá después de las elecciones?”, se preguntan en la carta abierta.
El Ministerio del Interior, responsable de la propuesta, aún no ha respondido oficialmente a las críticas.






