Bakú teme las demandas legales de Armenia y sus posibles repercusiones para Aliyev

Dos meses después de que Armenia y Azerbaiyán acordaran el texto preliminar de un tratado de paz, persisten las tensiones por el destino de las causas legales abiertas en tribunales internacionales. Uno de los puntos más polémicos del borrador contempla la retirada mutua de reclamaciones jurídicas, propuesta que ha generado preocupación en Bakú, donde se teme que las actuales demandas armenias puedan acarrear consecuencias legales graves para el liderazgo político-militar del país, incluido el presidente Ilham Aliyev.

El abogado armenio Ara Kazaryan, especialista en derecho internacional, advirtió que una renuncia generalizada a estas acciones sería “injustificable” si el tratado no incluye mecanismos de protección jurídica:

“Aunque estos mecanismos no estén incluidos en el documento, es esencial al menos reconocer el principio de que estamos firmando el acuerdo ahora, pero estableceremos tales mecanismos en el futuro”, sostuvo.

Demandas en curso ante el TEDH y la CIJ

Armenia mantiene activas al menos cuatro demandas interestatales ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que abarcan desde violaciones durante la guerra de 2020, juicios ilegales de prisioneros de guerra, la ocupación de territorio armenio y, más recientemente, el bloqueo del corredor de Lachín en 2023. Esta última acción provocó el desplazamiento forzado de más de 100.000 armenios y fue calificada por Ereván como un acto de limpieza étnica.

A ello se suma una demanda presentada en 2021 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde Armenia acusa a Azerbaiyán de violar seis artículos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Bakú respondió con una contrademanda, lo que ha intensificado el litigio bilateral en foros internacionales.

Según Kazaryan, la evidencia presentada por Armenia no solo fortalece sus demandas actuales, sino que podría ampliar su alcance al revelar nuevos casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esto inquieta particularmente a Bakú, en especial tras la resolución del Parlamento Europeo del 29 de febrero, que insta a la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar al presidente Aliyev y otros altos funcionarios azerbaiyanos.

“Legalmente, la balanza se ha inclinado a favor de Armenia. La razón es simple: Armenia aporta datos concretos. El más crucial: ¿dónde están las 120.000 personas que abandonaron Artsaj?”, se pregunta Kazaryan. “Bakú no tiene respuesta”.

Discurso de odio y mecanismos de retorno: los desafíos para Azerbaiyán

Más allá de las demandas, Armenia exige que cualquier acuerdo futuro garantice el derecho al retorno de los desplazados de Karabaj y el acceso a compensaciones patrimoniales. Pero Kazaryan denuncia que en lugar de asumir esa responsabilidad, Bakú continúa promoviendo un discurso de odio hacia los armenios y utiliza los juicios contra antiguos dirigentes de Artsaj como maniobra para simular una paridad jurídica.

“Azerbaiyán debe eliminar el discurso de odio y crear mecanismos de compensación. Pero sus líderes han sembrado tanto odio que no quieren ni pueden hacerlo”, asegura el jurista.

Como informara SoyArmenio.com, la posibilidad de que el tratado de paz excluya disposiciones legales específicas preocupa también a nivel constitucional. Kazaryan subraya que si se eliminan las demandas interestatales y no se reemplazan con mecanismos jurídicos claros, miles de ciudadanos armenios perderán su única vía de protección internacional.

“La Constitución de Armenia garantiza protección jurídica a todos los ciudadanos y residentes, incluido el pueblo de Artsaj. Firmar un tratado sin garantías la contradice”, explicó. Por ello, cualquier tratado deberá pasar por el Tribunal Constitucional para asegurar su conformidad con la Ley Fundamental.