
La Asamblea Nacional de Armenia aprueba cambios al Código del Trabajo que limitan la compensación a trabajadores despedidos ilegalmente, generando polémica y preocupación entre sindicatos y opositores.
En una decisión que ha generado un amplio debate, la Asamblea Nacional de Armenia aprobó en primera lectura un proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo del país, limitando significativamente los derechos de los trabajadores despedidos ilegalmente.
Este cambio legislativo ha sido fuertemente criticado por miembros de la oposición y defensores de los derechos laborales.
El futuro del proyecto de ley aún no está decidido, ya que necesita pasar por una segunda lectura antes de su implementación definitiva. Mientras tanto, la controversia en torno a esta reforma continúa, con sindicatos y grupos de trabajadores exigiendo una revisión más profunda para garantizar que los derechos laborales no sean socavados.
El proyecto de ley, aprobado en primera lectura, introduce cambios clave en la compensación que los empleados despedidos ilegalmente pueden recibir. Hasta ahora, si un tribunal determinaba que un empleado había sido despedido en violación de la ley, el empleador estaba obligado a pagar al trabajador el salario promedio durante todo el período de inactividad forzosa. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley limita esta compensación solo al monto equivalente a los salarios de los últimos nueve meses, siempre que el trabajador haya encontrado un nuevo empleo.
Este cambio ha sido considerado por muchos como un retroceso en los derechos laborales. Según Tadevos Avetisyan, diputado de la oposición perteneciente a la facción “Armenia”, la medida altera negativamente el equilibrio de las relaciones laborales. Avetisyan advirtió que los procesos judiciales en Armenia pueden extenderse por años, lo que significa que muchos trabajadores podrían quedarse sin compensación adecuada durante el tiempo en que sus derechos fueron violados.
“El verdadero objetivo de este proyecto es ahorrar en los pagos a funcionarios despedidos ilegalmente”, agregó.

Por su parte, Eriknaz Tigranyan, diputado de la facción gobernante Contrato Civil, defendió el proyecto alegando que las reformas al Código Procesal Penal buscan agilizar los procesos judiciales relacionados con conflictos laborales.
Como informara SoyArmenio, Tigranyan afirmó que, con los cambios, los tribunales están obligados a resolver estos casos en un plazo máximo de tres meses. Además, justificó el período de nueve meses como un plazo razonable para la compensación, basado en el tiempo promedio de resolución de estos litigios.
La aprobación de este proyecto de ley tiene implicaciones profundas para los trabajadores en Armenia. La limitación en la compensación podría dejar a muchos empleados sin una retribución justa, especialmente en casos donde los litigios se prolonguen más allá del período de nueve meses.
Esta medida también podría desalentar a los empleados a buscar justicia a través de los tribunales, temiendo recibir una compensación insuficiente después de largos periodos de incertidumbre laboral.
Enlaces externos:






