El Defensor de Derechos Humanos exige respeto pleno a la libertad religiosa en medio de procesos judiciales contra clérigos en Armenia

En un contexto altamente tenso por las investigaciones judiciales que involucran a altos representantes de la Iglesia Apostólica Armenia, el Defensor de los Derechos Humanos de Armenia emitió una declaración oficial en la que exige a las autoridades estatales y judiciales respetar rigurosamente las garantías internacionales sobre la libertad religiosa.

La declaración, publicada el 2 de julio, surge tras los recientes casos penales iniciados contra los arzobispos Mikael Ajapahyan y Bagrat Galstanyan, implicados en una supuesta conspiración para derrocar al gobierno. Según la Defensoría, es imprescindible que los procesos judiciales se desarrollen de forma transparente, sin alimentar la percepción pública de que las creencias religiosas están siendo perseguidas.

“Que no haya la más mínima impresión pública de persecución religiosa”

“El respeto a la autonomía de las organizaciones religiosas es esencial en una sociedad democrática”, sostiene el comunicado, que llama a las instituciones a actuar con “lógica y comunicación pública”, evitando mensajes que puedan ser interpretados como un ataque a las convicciones religiosas de los acusados.

La institución subraya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la existencia autónoma de comunidades religiosas es piedra angular del pluralismo democrático. La participación estatal, cuando existe, debe limitarse a una “mediación neutral” que no cruce el umbral de la intervención arbitraria.

El Estado debe abstenerse de evaluar el contenido doctrinal de las organizaciones religiosas

En una parte clave del comunicado, el Defensor advierte que el Estado no puede hacer juicios sustantivos sobre el contenido o esencia de una religión. Armenia debe garantizar que las comunidades religiosas definan por sí mismas su estructura, símbolos, liderazgo y normas internas, sin injerencias.

“La intervención estatal es posible, pero debe ser siempre proporcional, imparcial y nunca arbitraria”, se afirma, en lo que parece una advertencia indirecta ante la escalada judicial contra figuras eclesiásticas en los últimos días.

La otra cara: la Iglesia también debe respetar los derechos fundamentales

Aunque el comunicado respalda el respeto a la libertad de religión, también lanza un llamado a las organizaciones religiosas para que no reproduzcan discursos de odio ni actitudes discriminatorias. Según la Defensoría, en Armenia persisten expresiones prohibidas, incluso por parte de clérigos, que socavan los principios de igualdad y dignidad.

“Lamentablemente, figuras públicas, actores jurídicos y representantes de la Iglesia han incurrido en manifestaciones que refuerzan visiones distorsionadas sobre la igualdad de derechos”, denuncia la oficina, en referencia tanto a actitudes discriminatorias hacia otras religiones como hacia personas sin afiliación religiosa.

La Defensoría también denuncia que existen discursos de odio contra ateos o personas con creencias distintas a las predominantes, fenómeno que considera “de extrema gravedad” para la vida pública y el marco normativo de Armenia.

Equilibrio entre autonomía y control judicial

En su conclusión, el Defensor de Derechos Humanos de Armenia recuerda que la libertad de religión solo puede garantizarse mediante un equilibrio entre respeto mutuo y el cumplimiento de las leyes por parte de todas las partes: Estado, Iglesia y ciudadanía. Anuncia, además, que emitirá una evaluación pública final sobre los procesos en curso una vez analizadas todas las circunstancias legales y sociales implicadas.

En un momento en que el gobierno de Nikol Pashinyan enfrenta acusaciones de instrumentalizar a la justicia para neutralizar opositores eclesiásticos, este pronunciamiento oficial cobra una relevancia particular: se trata de la primera advertencia institucional seria que exige garantías constitucionales explícitas para las libertades religiosas.