¿Por qué Armenia redujo la ayuda a los refugiados de Nagorno-Karabaj?

En el otoño de 2023, tras la limpieza étnica ejecutada por Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, más de 100.000 armenios se vieron forzados a huir hacia Armenia. La reacción del gobierno armenio fue rápida y contundente: se activó un plan de emergencia social sin precedentes. Pero hacia mediados de 2025, gran parte de estas ayudas fueron reducidas o reorientadas, generando críticas públicas y malestar entre algunos desplazados. ¿Qué cambió? ¿Por qué el Estado decidió recortar los pagos? Y, sobre todo, ¿cuál es la lógica detrás de esta decisión?

El primer año: emergencia humanitaria y asistencia directa

Tras el éxodo, el Estado armenio proporcionó un apoyo económico amplio y universal. Todos los refugiados recibieron:

40.000 drams mensuales para alquiler y 10.000 para servicios públicos, un pago único de 100.000 drams antes de fin de 2023, además de apoyo de organismos como UNICEF, que cubrieron gastos en alimentos, ropa y medicamentos. También se implementaron compensaciones de alquiler de hasta 60.000 drams, subsidios sin distinción de edad, y se ofrecieron garantías de empleo, becas estudiantiles, y acceso gratuito o subvencionado a la educación superior.

Fue un enfoque solidario, pero costoso. En un país con recursos financieros limitados, sostener ayudas indefinidas a decenas de miles de personas no era viable.

2025: de la ayuda universal al apoyo focalizado

Para primavera de 2025, el gobierno modificó el esquema de ayuda. La asistencia mensual directa se mantuvo solo para categorías vulnerables: niños, adultos mayores, personas con discapacidad o familiares de fallecidos. Además, se reestructuraron los subsidios de vivienda para que sólo fueran válidos fuera de Ereván, en regiones como Syunik, Tavush, Gegharkunik, Shirak y Lori, donde hay infraestructura disponible y se requiere mano de obra.

Según el Ejecutivo, mantener pagos mensuales incondicionales durante más de un año había generado dependencia y obstaculizado la integración. Muchas personas desplazadas, al recibir ayuda estable sin requisitos, no buscaban empleo ni solicitaban la ciudadanía armenia, por temor a perder las prestaciones.

“El subsidio no puede convertirse en una forma de vida”, sostienen desde el gobierno. “No se puede financiar la inacción indefinida de miles de personas”. Incluso países petroleros con presupuestos millonarios no aplican ayudas sin condiciones como política permanente.

El dilema de Ereván: ¿por qué no se subsidia allí?

Una de las críticas más repetidas ha sido que los subsidios de vivienda no se aplican en la capital. La respuesta estatal es clara: Ereván está saturada, es demasiado cara y no necesita mayor concentración poblacional. En cambio, las regiones pueden ofrecer alojamiento más económico, incentivos fiscales y oportunidades laborales reales.

Para el gobierno, es una apuesta por la descentralización y el desarrollo regional equilibrado, no una exclusión deliberada. Es, además, una manera de dirigir la inversión estatal a zonas donde el impacto será más profundo y donde el costo por persona asistida es menor.

De refugiados a ciudadanos: el nuevo objetivo

La prioridad del Estado armenio en 2025 no es prolongar la ayuda, sino facilitar la autonomía y la reinserción social de los desplazados. Los programas actuales incluyen subsidios para empleo y autoempleo, apoyo a docentes y médicos, formación profesional y garantías legales para construir una nueva vida. Pero eso requiere que los beneficiarios quieran integrarse activamente, no permanecer pasivos.

Las críticas de algunos sectores políticos que denuncian el fin de los subsidios como una forma de abandono, no hacen más que reforzar la retórica del retorno imposible, que mantiene a las familias en un estado de espera estéril, sin aceptar la nueva realidad.

“El que alimenta falsas esperanzas de retorno inmediato a Karabaj no está cuidando al desplazado, lo está manipulando”, afirma un funcionario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. “El mayor acto de traición no es quitar un subsidio, sino obstaculizar que alguien recupere su dignidad, su empleo, su hogar y su ciudadanía“.