Armenia nacionaliza Redes Eléctricas (ENA) y rompe con el modelo oligopólico en el sector energético

La Asamblea Nacional de Armenia ha aprobado este 3 de julio, en segunda y última lectura, el paquete legislativo que abre la vía para la nacionalización de las Redes Eléctricas de Armenia (ENA), en una de las decisiones más contundentes del gobierno de Nikol Pashinyan para recuperar el control estatal de sectores estratégicos.

Con 65 votos a favor, 27 en contra y ninguna abstención, el Parlamento avaló los proyectos de ley que modifican las normativas sobre energía y servicios públicos, permitiendo al Estado intervenir de forma preventiva y asumir la gestión directa de empresas concesionadas que representen un “riesgo significativo” para la seguridad energética nacional.

“ENA ha cruzado las líneas rojas. El Estado debe tomar el control lo antes posible”, declaró el primer ministro Pashinyan días antes del debate, señalando fallas en la calidad del suministro eléctrico y una resistencia interna dentro de la empresa a cooperar con los planes oficiales.

¿Cómo se llegó a este punto? Un conflicto con nombre y apellido: Samvel Karapetyan

La nacionalización de la ENA es el desenlace de un prolongado conflicto entre el Estado y el empresario Samvel Karapetyan, dueño de la corporación rusa Tashir Group, que administra la red eléctrica desde 2015. Karapetyan, considerado uno de los oligarcas más influyentes de la diáspora, fue detenido en junio por sospechas de corrupción y desvío de fondos públicos vinculados al sistema eléctrico, aunque sus abogados afirman que se trata de una persecución política.

La historia de la ENA está marcada por escándalos. Fundada tras la independencia de Armenia, fue privatizada en 2002 bajo presión del FMI y vendida primero a la empresa rusa Inter RAO UES. Tras años de tarifas elevadas y cortes masivos, el llamado “Electric Yerevan” —protesta social masiva de 2015— forzó la salida de Inter RAO y la entrada de Tashir Group.

Pero las promesas de eficiencia y transparencia no se cumplieron. En los últimos años, múltiples informes alertaron sobre problemas de mantenimiento, fugas presupuestarias, opacidad financiera y acumulación de deudas, agravados por la guerra de 2020 y la inestabilidad regional. La gota que colmó el vaso fue, según el gobierno, la negativa de los directivos de ENA a ejecutar medidas de modernización e inversión exigidas por el Ministerio de Infraestructura.

El nuevo marco legal: control preventivo y poder de intervención estatal

El paquete aprobado modifica dos leyes clave: la Ley de Energía y la Ley del Órgano Regulador de Servicios Públicos. Según explicó en el Parlamento el legislador Vladimir Vardanyan, presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Estado-Derecho, el objetivo es introducir mecanismos legales para la intervención anticipada del Estado en empresas que administran servicios críticos.

“Bajo la legislación anterior, el Estado solo podía actuar después de una violación. Ahora proponemos un modelo preventivo, basado en análisis de riesgo”, afirmó Vardanyan. Entre las herramientas previstas se encuentran auditorías intensivas, suspensión de licencias y toma directa de control operativo.

La oposición denuncia abuso de poder y estatismo sin controles

El bloque opositor “Hayastan” votó en contra de la medida, acusando al oficialismo de construir un sistema autoritario bajo pretexto de protección estatal.

“El gobierno no quiere regular, quiere apropiarse. Lo que vimos fue una decisión política, no técnica”, denunció el diputado Artur Khachatryan, quien señaló que el paquete legal otorga facultades casi ilimitadas al Ejecutivo para intervenir en empresas privadas, abriendo la puerta a lo que denominó “expropiaciones encubiertas”.

Desde el oficialismo, sin embargo, se defendió la medida como un acto de soberanía energética y un cambio de paradigma frente al modelo oligárquico heredado.

¿Qué sigue? La ENA vuelve a manos del Estado

Pashinyan ya había advertido que la nacionalización sería total y que los empleados que se nieguen a colaborar “serán reemplazados”. El plan incluye la creación de una empresa estatal o mixta que asuma la operación de la red de distribución, con una auditoría internacional para evaluar el estado financiero de ENA.

Además, el gobierno anunció que se revisarán todos los contratos de concesión del sector energético, lo que podría afectar a otras compañías privadas que operan en gas, hidroeléctricas y energías renovables.

¿Una nueva etapa en la política energética de Armenia?

La nacionalización de la ENA marca un punto de inflexión en la política económica de Armenia. Pashinyan apuesta por recuperar el control estatal de los sectores estratégicos, en medio de una profunda reconfiguración geopolítica y de una ofensiva más amplia contra estructuras de poder económico ligadas al viejo régimen.

Si bien la medida genera interrogantes sobre seguridad jurídica, eficiencia y gobernabilidad estatal, también refleja un consenso creciente en sectores de la sociedad: la energía no puede estar en manos opacas ni extranjeras, especialmente en tiempos de crisis.