Millonarias propiedades del ex presidente Robert Kocharyan y de familiares se incautarían por el Tribunal Anticorrupción de Armenia.

La Fiscalía de Armenia exige a la familia Kocharyan la confiscación de 22 propiedades por enriquecimiento ilícito

Millonarias propiedades del ex presidente Robert Kocharyan y de familiares se incautarían por el Tribunal Anticorrupción de Armenia.

La Fiscalía de Armenia exige a Robert Kocharyan y sus allegados la confiscación de 22 inmuebles y millones en bienes por enriquecimiento ilícito. Desde 2018, el Estado ha recuperado más de 536 millones de dólares en activos robados.

La Fiscal General de Armenia, Anna Vardapetyan, presentó ante la Asamblea Nacional una demanda por confiscación de bienes de origen ilegal contra el segundo presidente del país, Robert Kocharyan, y sus allegados. La Fiscalía exige la incautación de 22 inmuebles, cuantiosos depósitos bancarios, participaciones en empresas, vehículos de lujo y grandes sumas en moneda local y extranjera. El caso se enmarca dentro de una política sostenida de recuperación de activos que ha devuelto al Estado más de 536 millones de dólares desde 2018.

Según Vardapetyan, “la Fiscalía exige la confiscación de 22 inmuebles, dos derechos de adquisición de propiedades, más de tres millones de dólares en efectivo, bonos por 985 millones de drams, un depósito bancario de más de 1,4 millones de dólares, participación en 15 entidades jurídicas —entre ellas Nairi Insurance, Toyota Yerevan y Target Group— así como préstamos solicitados por más de cuatro millones de dólares”. También se reclaman más de 20.000 millones de drams, 260 millones de rublos, unos 590.000 euros y dos vehículos. Todos estos bienes, según la acusación, provienen de actividades ilícitas acumuladas durante su ejercicio de poder. Fuente: SoyArmenio.com

La fiscal precisó que esta es una de las mayores demandas presentadas bajo el marco legal que permite confiscar bienes sin condena penal previa si se demuestra su origen ilegal. “Las demandas ya se encuentran en los tribunales”, indicó Vardapetyan en su informe anual ante la Asamblea Nacional.

Más de US$536 millones recuperados desde 2018 por bienes mal habidos

En su presentación, la Fiscal General también detalló los avances del sistema judicial en la recuperación de bienes públicos. Entre 2018 y 2024 se han devuelto a la República de Armenia más de 210.000 millones de drams (aproximadamente 536 millones de dólares), con un fuerte incremento en los años 2023 y 2024. Solo en este último bienio se recuperaron más de 247 millones de dólares, lo que equivale al 46% del total.

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🔍 La Fiscalía de Armenia exige confiscar 22 propiedades y millones en activos a Robert Kocharyan por enriquecimiento ilícito.

La implementación en 2023 de un conjunto de herramientas para la confiscación de bienes de origen ilícito, sin necesidad de sentencia firme, ha sido clave en este proceso. Estos mecanismos, inspirados en experiencias internacionales, buscan superar las limitaciones de los procesos penales tradicionales y dar respuesta a la demanda social de justicia. Más sobre Confiscación de bienes ilícitos en Wikipedia

Artur Hovhannisyan: “Las mansiones de la élite corrupta son monumentos al saqueo”

El secretario de la facción gobernante del Partido Civil, Artur Hovhannisyan, fue categórico en su intervención parlamentaria: “Estamos asistiendo a una visualización de la corrupción institucionalizada. Las mansiones de Gagik Khachatryan y Hovik Abrahamyan en el centro de Ereván parecen monumentos a la corrupción”. El diputado recordó que muchas de estas propiedades tienen un alto impacto emocional y simbólico en la ciudadanía, lo que acentúa la presión por su recuperación.

Hovhannisyan subrayó que el enfoque actual no es revanchista. “No nos convertiremos en Robert Kocharyan ni en Serzh Sargsyan. Hemos creado un mecanismo legal que no reconoce nombres ni cargos. Para nosotros es más importante que no haya inocentes privados de libertad que ver a unos pocos culpables presos”, afirmó. El legislador también señaló que la mayoría de la población exige que figuras como Kocharyan y Sargsyan rindan cuentas, pero advirtió contra el uso político de la justicia.

El parlamentario concluyó: “Es hora de que el poder público evalúe el destino de estas propiedades llamativas y que se considere su nacionalización o reapropiación por parte del Estado, para convertirlas en símbolos del compromiso con la legalidad”.

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