Armenia gana arbitraje por el fallido ferrocarril con Irán, pero deberá pagar 1,8 millones de dólares

Armenia ha obtenido una victoria total y gana el arbitraje internacional contra la empresa Rasia FZE y su propietario, Joseph Borkovsky, quienes en 2017 demandaron al Estado por 160 millones de dólares en concepto de presuntas obligaciones incumplidas vinculadas al ferrocarril con Irán, un proyecto que jamás se inició.

Sin embargo, la resolución favorable, emitida el 20 de enero de 2023, no fue gratuita: el gobierno anunció este 17 de julio que pagará 1,8 millones de dólares al bufete de abogados Baker & McKenzie LLP por su representación en el caso.

“El dinero se destinará a cubrir servicios que no estaban estipulados en el contrato inicial, pero que fueron previamente acordados”, se detalla en la decisión oficial aprobada por el Ejecutivo. El Estado ya había recibido 2,8 millones de dólares como compensación de costas por parte de los demandantes, de los cuales 1,7 millones ya fueron gastados en otras obligaciones vinculadas al proceso.

Un proyecto sin rieles ni excavadoras

La historia del ferrocarril Armenia-Irán, promocionado desde 2008 por el entonces presidente Serge Sarkisian como una obra estratégica para conectar el país al Golfo Pérsico y romper su aislamiento geográfico, es también la historia de una ficción de infraestructura.

En 2013, el gobierno firmó un acuerdo de concesión con la empresa Rasia FZE, registrada en los Emiratos Árabes Unidos, con la expectativa de que atrajera inversores y ejecutara las obras. Pero hasta 2017, la firma no construyó ni un metro de vía, y según una investigación publicada por CivilNet, ni siquiera inició estudios técnicos serios. Ese mismo año, el Ejecutivo anunció la anulación del contrato.

En represalia, la empresa interpuso una demanda de arbitraje alegando que el gobierno había violado el acuerdo de concesión, y reclamó 160 millones de dólares en daños. El tribunal internacional rechazó la demanda en su totalidad y ordenó a la empresa pagar los gastos legales del Estado armenio.

Costos millonarios para un tren fantasma

El resultado jurídico no borra el costo económico acumulado. Desde 2008, el presupuesto destinado a esta obra inconclusa ha fluctuado en forma alarmante. En un principio, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Armenia estimó que la construcción del ferrocarril costaría 1.400 millones de dólares. La cifra aumentó sucesivamente: a 2.000 millones, luego a 2.500 millones y finalmente, en 2017, se fijó en 3.200 millones de dólares.

A pesar de que nunca se construyó infraestructura alguna, el Estado destinó recursos financieros y políticos significativos al proyecto. A lo largo de más de una década, distintos gobiernos justificaron gastos en estudios, consultorías, exploraciones y acuerdos jurídicos. Y lo único tangible son las facturas legales que pagará por defender un proyecto que solo existió en papeles.

Una lección cara sobre concesiones y gobernanza

El caso “Rasia FZE contra Armenia” se convirtió en un símbolo de cómo la falta de supervisión, transparencia y planificación estratégica puede desembocar en escándalos financieros incluso en ausencia de corrupción directa.

La controversia también expone las dificultades geopolíticas de Armenia para ejecutar megaproyectos estratégicos en medio del bloqueo impuesto por Azerbaiyán y Turquía, así como la falta de voluntad de inversionistas internacionales para financiar rutas ferroviarias en un entorno de seguridad inestable.

A pesar de los múltiples anuncios de relanzamiento, el ferrocarril Armenia-Irán sigue siendo una promesa incumplida. El más reciente fue en abril de 2023, cuando se sugirió incluir el proyecto en el marco de la Iniciativa de Corredores Internacionales promovida por India e Irán, pero no hubo avances concretos.

Un juicio ganado con sabor amargo

Armenia ganó, pero el resultado deja un sabor amargo. Mientras el país continúa sin una conexión ferroviaria con Irán, Armenia pagará más de 1,8 millones de dólares por la defensa legal de un contrato viciado desde el inicio. La victoria jurídica desnuda una derrota política y estructural, al evidenciar cómo decisiones tomadas en la cima del poder durante la década anterior generaron costos persistentes sin ningún beneficio tangible para la ciudadanía.