Aumentan las escuchas telefónicas en Armenia: casi 600 solicitudes en medio año

El número de escuchas telefónicas en Armenia subió con fuerza durante 2025. Los datos oficiales muestran casi 600 solicitudes en solo seis meses, una cifra que ya iguala el volumen de años anteriores. Abogados y analistas advierten que el sistema “va más allá de la lógica legal” y se convierte en una herramienta de presión en un clima político cada vez más tenso.

Las estadísticas publicadas por el Poder Judicial evidencian un salto que comenzó después de 2018 y aceleró en los últimos tres años. Más del 60% de las solicitudes obtuvieron autorización para intervenir teléfonos o realizar vigilancia interna y externa.

Expertos hablan de controles ilegales y un uso político

Abogados consultados sostienen que la vigilancia se practica también sin orden judicial. Para el abogado Raffi Aslanyan, el fenómeno responde a un clima político hostil. “Las escuchas telefónicas se practican ampliamente y no solo con órdenes judiciales”, afirmó. Según él, el público siente que “tratan de controlar a todo el mundo”.

El diputado Gegham Manukyan, de la alianza Armenia, aseguró que los “juchoks” ya forman parte de la vida política. Señaló que los audios filtrados aparecen en medios progubernamentales y luego abren causas penales que afectan a dirigentes opositores.

Tribunales permiten maniobras para justificar escuchas

La abogada Liparit Simonyan denunció una práctica que llamó “agravación artificial”. Explicó que agentes operativos presentan casos que no cumplen los requisitos legales para intervenir teléfonos. “El tribunal añade en su decisión ‘más de 500.000 dracmas’ de forma independiente”, señaló. Ese cambio convierte un delito menor en uno grave y habilita la escucha.

Simonyan también detectó decisiones judiciales “copiadas”. Aseguró que en muchos fallos solo cambian los nombres, mientras la argumentación sigue igual y no examina cada caso.

Filtraciones, edición de audios y ausencia de responsables

Pese a la prohibición del Código Penal, grabaciones de investigaciones sensibles aparecen con frecuencia en sitios web afines al gobierno. Ocurrió en los casos del arco de Bagrat Galstanyan y del clero de la diócesis de Aragatsotn. Luego de esas filtraciones, comenzaron procesos penales contra figuras mencionadas en los audios.

Los abogados hablan de un doble estándar. Aseguran que un defensor enfrenta cargos de inmediato si publica material previo al juicio. En cambio, las filtraciones procedentes del sistema policial nunca identifican culpables.

Las grabaciones filtradas suelen estar editadas. “Se cortan y se sacan de contexto, lo que cambia la imagen para el oyente”, afirmó Simonyan. Para la defensa, la versión completa llega tarde y cuando la opinión pública ya formó un juicio.

Pashinyan defiende la vigilancia: “Los países democráticos también la usan”

El primer ministro Nikol Pashinyan respondió a las críticas durante el aniversario del Comité Anticorrupción. Afirmó que la ley sobre inteligencia operativa define con claridad los límites del sistema. “Todos los países más democráticos tienen estos sistemas”, dijo.

Pashinyan reconoció inversiones en nuevas tecnologías para los órganos operativos y justificó esa política por el avance del crimen organizado. “Si el sistema de aplicación de la ley no adopta enfoques tecnológicos, la lucha contra la delincuencia fracasará”, aseguró. También sostuvo que la vigilancia técnica reduce la dependencia del testimonio humano, sobre todo en casos con posible coerción de testigos.

Mientras el gobierno insiste en la legalidad del proceso, juristas y organizaciones civiles alertan por la erosión del derecho a la privacidad, un valor central en cualquier democracia.