Nuevas detenciones en Armenia por los disturbios de noviembre 2020: sube a 7 el número de implicados identificados esta semana

Las secuelas del 10 de noviembre de 2020, fecha en la que miles de manifestantes asaltaron la sede del Gobierno y generaron disturbios en la Asamblea Nacional de Armenia tras la firma del alto el fuego con Azerbaiyán, vuelven a instalarse en la agenda pública. Esta semana, el Comité de Investigación de la República informó que otras siete personas han sido identificadas, detenidas y acusadas formalmente en el marco de la causa penal abierta por organización de disturbios masivos y llamados al derrocamiento violento del orden constitucional.

Las nuevas detenciones fueron posibles gracias a acciones conjuntas del Comité de Investigación y el Servicio de Seguridad Nacional (SSN). Según el comunicado oficial, los implicados participaron directamente en la toma violenta de instituciones del Estado y ejercieron coacción sobre funcionarios electos, hechos tipificados en la legislación armenia como delitos contra la seguridad pública y los fundamentos del orden constitucional.

El Comité de Investigación y el Servicio de Seguridad Nacional intensifican la ofensiva judicial contra opositores que tomaron el Parlamento tras la firma del alto el fuego con Azerbaiyán

Los siete detenidos han sido imputados por orden de un fiscal supervisor, y el tribunal competente ya recibió solicitudes para aplicar medidas de supervisión administrativa como alternativa preventiva a la prisión.

Una causa emblemática que vuelve al centro del tablero

Los disturbios del 10 de noviembre de 2020 se produjeron horas después de que el primer ministro Nikol Pashinyan anunciara que firmaba un alto el fuego con Azerbaiyán, negociado por Rusia, que ponía fin a la segunda guerra de Karabaj y confirmaba la pérdida de control armenio sobre amplias zonas del territorio.

La furia popular no se hizo esperar: manifestantes enfurecidos irrumpieron en el edificio del Parlamento, destruyeron mobiliario, golpearon a funcionarios y exigieron la renuncia del jefe de Gobierno. Fue uno de los episodios más críticos desde la Revolución de Terciopelo de 2018, y marcó el inicio de una crisis política que aún no ha terminado.

Desde entonces, más de 50 personas han sido procesadas por su participación directa en esos hechos. Sin embargo, esta nueva ola de arrestos reabre una causa que había entrado en un limbo judicial durante los últimos dos años. Según fuentes extraoficiales, las nuevas detenciones podrían estar relacionadas con la actual ofensiva del gobierno contra líderes opositores, figuras eclesiásticas y empresarios cercanos a la Iglesia Apostólica Armenia, en un contexto de polarización extrema.

Contexto político: represión o justicia postconflicto

Para el gobierno de Pashinyan, se trata de una causa judicial legítima, que busca sancionar a quienes intentaron socavar el orden constitucional mediante la violencia. Para sus críticos, en cambio, estas detenciones reflejan una estrategia más amplia de criminalización de la protesta y represión selectiva contra actores opositores.

Cabe recordar que el líder del movimiento “Lucha Sagrada” y arzobispo Bagrat Galstanyan, junto con varios diputados opositores y empresarios como Samvel Karapetyan, han sido blanco de causas judiciales en las últimas semanas. La simultaneidad de estos procesos ha llevado a varios analistas a advertir sobre una posible judicialización de la política y una campaña para eliminar cualquier voz disidente en el escenario nacional.

Una causa que podría escalar internacionalmente

Aunque hasta ahora el caso no ha tenido repercusión internacional significativa, la creciente presión contra figuras civiles, religiosas y mediáticas en Armenia está atrayendo atención desde organizaciones de derechos humanos. Las recientes detenciones podrían reavivar el debate sobre el deterioro del Estado de derecho en un país que aspira a consolidar su vínculo con la Unión Europea y Estados Unidos como contrapeso al aislamiento regional y la amenaza azerbaiyana.

Por lo pronto, los nuevos arrestos muestran que el 10 de noviembre de 2020 sigue siendo un punto nodal en la disputa por el futuro político de Armenia: un pasado sin cerrar que el gobierno busca controlar desde los tribunales.