Demandas contra Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj: lo que sí permite el derecho internacional

Las interpretaciones erróneas sobre el reciente acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán ya circulan en redes, pero juristas y expertos advierten que gran parte de estas afirmaciones son falsas o distorsionadas. Una de las más repetidas sostiene que el texto firmado prohíbe a ONG, ciudadanos y la diáspora presentar demandas internacionales para defender los derechos de los habitantes de Nagorno-Karabaj.

Esta afirmación es falsa. El Artículo XV del documento solo regula los procedimientos interestatales —es decir, casos en los que una de las partes es el Estado armenio y la otra el Estado azerbaiyano— y prohíbe la participación oficial de los gobiernos en demandas impulsadas por terceros.

Es decir, la República de Armenia no podrá sumarse formalmente a litigios iniciados por organizaciones o individuos, pero nada impide que estos actúen de manera independiente en foros internacionales o tribunales nacionales.

Lo que dice la ley internacional

En virtud del artículo 34 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), solo los Estados pueden ser parte en un proceso ante ese tribunal. Por ello, ni ONG ni particulares pueden demandar a Azerbaiyán directamente en la CIJ.
Sin embargo, existen mecanismos reales y accesibles para que la sociedad civil actúe:

• Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): cualquier persona, ONG o grupo puede presentar una demanda individual (art. 34 del Convenio Europeo de Derechos Humanos).
• Comités de la ONU: tras la ratificación de protocolos facultativos, como el Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), es posible interponer quejas individuales.
• Corte Penal Internacional (CPI): el artículo 15 del Estatuto de Roma permite enviar comunicaciones con pruebas de crímenes de guerra, genocidio o crímenes de lesa humanidad.
• Tribunales nacionales con jurisdicción universal: países como Francia, Alemania o Estados Unidos admiten causas contra personas responsables de violaciones graves del derecho internacional, con excepciones a la inmunidad estatal.

Demandas sí, pero con pruebas sólidas

Para que estas acciones prosperen, es indispensable reunir evidencia sólida, cumplir con los requisitos procesales y presentar los materiales ante las instancias correctas. El acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán no impide este trabajo: la restricción es exclusivamente para la intervención oficial del Estado armenio, no para la sociedad civil ni para abogados o defensores de derechos humanos.

En otras palabras, las puertas legales para actuar siguen abiertas en distintos foros internacionales y nacionales, siempre que las demandas se planteen de forma independiente y fundamentada.

Fuentes jurídicas:

• Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), art. 34
• Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 34
• Primer Protocolo Facultativo del PIDCP
• Estatuto de Roma de la CPI, art. 15
• Convención de la ONU sobre Inmunidades Jurisdiccionales (2004)