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Fiscalía de Armenia pide confiscar 3,1 millones de dólares al exministro de la ARF Levon Mkrtchyan
Fiscalía de Armenia pide confiscar 3,1 millones de dólares al exministro de la ARF Levon Mkrtchyan
💼 26 inmuebles, 7 vehículos y millones en efectivo. La justicia armenia avanza contra el exministro de la ARF Levon Mkrtchyan. El proceso puede marcar precedente. #Armenia #Corrupción
La Fiscalía General de Armenia solicitó la confiscación de unos 3,1 millones de dólares y 35 bienes vinculados al exministro de Educación y Ciencia, Levon Mkrtchyan. La causa ya se encuentra bajo análisis del Tribunal Anticorrupción.
El organismo sostiene que los activos tienen origen ilegal. La demanda incluye 26 inmuebles, 7 vehículos y participaciones en 5 personas jurídicas. También reclama más de 1.170 millones de drams.
El Tribunal Anticorrupción acepta la demanda
El Tribunal Anticorrupción de Armenia aceptó la solicitud para su consideración. La Fiscalía busca que los bienes pasen a favor de la República.
Según el comunicado oficial, AMD893 millones corresponden a fondos que quedarían como remanente de ingresos ilícitos. Otros AMD276 millones no estarían respaldados por ingresos legales comprobables.
La autoridad sostiene que parte del dinero fue transferido a compradores de buena fe o resulta imposible de identificar. Por eso pide su confiscación equivalente en efectivo.
Quién es Levon Mkrtchyan
Mkrtchyan integró el partido Federación Revolucionaria Armenia (Dashnaktsutyun)**. Ocupó la cartera de Educación en cuatro períodos: 1998–1999, 2001–2003, 2006–2008 y 2016–2018.
Su trayectoria lo convirtió en una figura clave del sistema educativo armenio durante dos décadas. Ahora enfrenta uno de los mayores procesos de decomiso patrimonial iniciados contra un exfuncionario de alto rango.
Nuevo capítulo en la lucha anticorrupción
El caso se enmarca en la política de recuperación de activos impulsada en los últimos años. Las autoridades intensificaron las acciones judiciales contra exfuncionarios sospechados de enriquecimiento ilícito.
La decisión final quedará en manos del tribunal. Si prospera la demanda, el Estado sumará millones y propiedades al patrimonio público.
El proceso vuelve a colocar la transparencia y la rendición de cuentas en el centro del debate político armenio.
