Armenia desafía fallo arbitral sobre la nacionalización de Redes Eléctricas: ¿riesgo legal o defensa del orden público?

Armenia podría enfrentar graves consecuencias internacionales si continúa ignorando la decisión del fallo arbitral de Estocolmo, que ordenó frenar el proceso de nacionalización de Redes Eléctricas de Armenia (ENA), propiedad del multimillonario Samvel Karapetyan. Sin embargo, el gobierno sostiene que la medida cautelar no es definitiva y podría no ser ejecutada si contradice el “orden público” nacional.

La disputa estalló tras la detención de Karapetyan en junio de 2025 por presuntamente instigar la toma del poder. A principios de julio, el Parlamento armenio aprobó una ley que autoriza la nacionalización de ENA, y poco después el gobierno nombró un administrador temporal, Romanos Petrosyan, miembro del partido gobernante.

El arbitraje de Estocolmo ordenó suspender la confiscación

Ante esta decisión, la familia Karapetyan recurrió al Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, argumentando la existencia de un acuerdo de protección de inversiones entre Armenia y Chipre. El tribunal falló a su favor con una medida cautelar de emergencia, prohibiendo la toma de control, la designación de administradores y cualquier restricción al funcionamiento de ENA.

“La medida es vinculante desde su emisión, pero no es una sentencia definitiva”, explicó la ministra de Justicia, Srbuhi Galyan. La funcionaria subrayó que el arbitraje aún no ha tratado el fondo del caso y que la decisión podría perder validez si no se inicia un juicio completo en un plazo de 90 días.

Armenia invoca el “orden público” para resistir la medida

El gobierno sostiene que la nacionalización se basa en la protección del interés público. El primer ministro Nikol Pashinyan acusó a ENA de provocar intencionalmente una crisis energética para desestabilizar al país. “ENA casi causó un colapso energético en Armenia. Esta operación parece haber sido diseñada para generar malestar interno”, declaró.

La ministra Galyan aclaró que la Convención de Nueva York —ratificada por Armenia— permite rechazar la ejecución de fallos arbitrales si estos vulneran el orden público. “La ley aprobada tiene como objetivo garantizar el orden público y prevenir riesgos de seguridad nacional”, sostuvo.

Riesgo de compensaciones millonarias y embargo de bienes

Aunque el gobierno considera que su proceder es legal, expertos advierten que ignorar el arbitraje podría tener efectos adversos. El estado podría terminar obligado a pagar una compensación mucho mayor si pierde el juicio final. También existe el riesgo de que activos del Estado armenio en el extranjero sean embargados.

Desde el entorno de Karapetyan, se recuerda que el 30% de ENA es controlado por la firma chipriota Liormand Holdings Limited, lo que internacionaliza el conflicto. La defensa del empresario ya notificó al gobierno sobre el inicio de una disputa formal bajo tratados de inversión.

Un precedente político y estratégico

El caso tiene implicancias que van más allá de lo económico. Algunos analistas consideran que esta nacionalización es un golpe directo a la influencia rusa en Armenia. “Para frenar la rusificación, también hay que recuperar el control de ArmRosgazprom y el Ferrocarril del Cáucaso Sur”, opinó el politólogo Robert Ghevondyan.

Por ahora, el gobierno no ha dado señales de retroceder. “Vamos a esperar con paciencia el juicio principal y presentaremos nuestros argumentos”, anticipó la ministra Galyan.