
La Asamblea Nacional aprobó que todo funcionario público que presenta declaración jurada, podrán ser investigados bajo la ley de decomiso de bienes ilícitos, para comprobar que sus bienes no fueron adquiridos ilegalmente.
La Asamblea Nacional aprobó que todo funcionario público que presenta declaración jurada, podrán ser investigados bajo la ley de decomiso de bienes ilícitos, para comprobar que sus bienes no fueron adquiridos ilegalmente.
El proyecto aprobado en primera de ley “Sobre la Reforma y Adenda a la Ley de Confiscación de Bienes de Origen Ilícito” implica además otorgar poderes adicionales al organismo de investigación.
Así, por ejemplo, los trabajadores por iniciativa propia podrán iniciar procedimientos contra un grupo de personas que, de conformidad con la ley, estén obligadas a presentar la citada declaración.
El funcionario señaló que los poderes adicionales pueden requerir la participación de nuevos recursos y tiempo. Por lo tanto, se propone aumentar el período de consideración de 2 a 3 años.
Además, se propone dar a la autoridad investigadora la oportunidad de exigir el costo de adquisición en lugar del precio de mercado de los bienes sujetos a decomiso. Estamos hablando, en particular, de aquellos casos en los que el precio de mercado es simplemente imposible de determinar. “Este principio también funcionará en los casos en que la propiedad se adquiera en el extranjero. Al mismo tiempo, los propios ciudadanos pueden presentar una evaluación del valor de mercado”, explicó el representante de las autoridades.
El órgano que lleva a cabo el proceso también puede tener la oportunidad de exigir al demandado el costo de adquirir la propiedad y, si la propiedad se encuentra fuera de Armenia, y exigir al demandado el valor contractual de la adquisición de esa propiedad.
Con otro cambio, el examen de los casos pasará a ser de tres años en lugar de dos, dependiendo de su complejidad y problemas objetivos.
Cabe recordar que los representantes de la oposición parlamentaria boicotearon la sesión extraordinaria y, en general, todo el trabajo de la Asamblea Nacional. Y las autoridades prácticamente no ocultan que este proyecto de ley es su respuesta a las acciones masivas de la oposición.

Al presentar hoy en el Parlamento las enmiendas propuestas por el gobierno a la ley “Sobre la Confiscación de Bienes Adquiridos Ilegalmente”, el Fiscal General Adjunto Srbuhi Galyan informó que en este momento se están procesando alrededor de 330 casos de bienes adquiridos ilegalmente.
El diputado de la facción “Contrato Civil”, Hovik Agazaryan preguntó si entre los 300 procedimientos mencionados había casos relacionados con figuras opositoras de los gobiernos anteriores. Galyan dijo que sí, que por lo menos había casos sobre seis diputados de la oposición pero se negó a brindar nombres.
“Para la fiscalía no importa nada si el dueño del inmueble es opositor o no. Este es un proceso puramente legal. Sólo estamos ejerciendo las facultades previstas por la ley. Las preferencias políticas, la nacionalidad (hay casos que involucran a personas de otras nacionalidades) no juegan ningún papel para nosotros”, aseguró Galyan.






