Pashinyan proclama la refundación de Armenia con el nacimiento de la «Cuarta República» y el fin definitivo del movimiento de Karabaj

El espacio político de Armenia registra una transformación doctrinal de alcance histórico. Durante la presentación del programa de gobierno para el periodo 2026–2031 ante la recién constituida Asamblea Nacional, el primer ministro Nikol Pashinyan declaró formalmente el nacimiento de la «Cuarta República» de Armenia. Este nuevo paradigma constitucional e ideológico busca clausurar de manera definitiva la era del conflicto con Azerbaiyán y sepultar el histórico movimiento de unificación de Nagorno-Karabaj, reconfigurando los pilares fundamentales del Estado armenio en torno a una estricta estrategia de convivencia regional.

El desmantelamiento de la Tercera República y la doctrina de la «Armenia Real»

La propuesta del Ejecutivo implica una ruptura profunda con el andamiaje conceptual sobre el cual se edificó la Tercera República tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Según la tesis expuesta por Pashinyan, el Estado armenio moderno se estructuró desde sus orígenes sobre una «trampa de conflicto», caracterizada por la confrontación sistemática con sus vecinos y una búsqueda permanente de justicia histórica que hipotecó el desarrollo nacional.

Frente a este modelo, el mandatario opone la doctrina de la «Armenia Real», una filosofía política que restringe las funciones del Estado a la preservación del bienestar material y la seguridad dentro de sus fronteras oficiales:

«La ideología de la ‘Armenia Real’ establece que la única función importante de la República de Armenia es garantizar la paz, la libertad, la seguridad y la prosperidad de sus ciudadanos en el territorio reconocido internacionalmente de 29.743 kilómetros cuadrados, crear un entorno y un ecosistema para la felicidad de los ciudadanos, y preservar y desarrollar la identidad del pueblo», sentenció Pashinyan ante los legisladores.

El jefe del Gobierno sostuvo que la ciudadanía validó esta transformación en las urnas durante las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 7 de junio de 2026. Para el oficialismo, el resultado electoral representó un mandato explícito para priorizar el desarrollo soberano y la paz regional por encima de las reivindicaciones territoriales históricas.

El fin del movimiento de Karabaj y la purga de la Declaración de 1990

El paso más controvertido y trascendental de esta reforma estructural será la redacción de una nueva Constitución que romperá amarras con el documento fundacional de la nación. Pashinyan anunció de forma categórica que la próxima carta magna excluirá cualquier tipo de referencia a la Declaración de Independencia de 1990.

El motivo de esta extirpación jurídica es directamente geopolítico. La Declaración de 1990 incorpora en su preámbulo la decisión conjunta adoptada en 1989 sobre la reunificación de Nagorno-Karabaj con Armenia. El gobierno de Azerbaiyán, liderado por Ilham Aliyev, mantiene esta exigencia como una condición indispensable e innegociable para estampar su firma en un tratado de paz definitivo, argumentando que la actual constitución armenia alberga una amenaza latente contra su integridad territorial.

Pashinyan asumió la responsabilidad política de esta concesión, vinculándola a una decisión de orden interno sancionada por la población:

«No debería haber ninguna referencia a la Declaración de Independencia de 1990 en la nueva Constitución. Por una razón sencilla: hemos anunciado la necesidad y la decisión de no continuar con el movimiento de Karabaj, de ponerle fin; hemos tomado esa decisión y el pueblo la ha aprobado. Referirse a la Declaración de Independencia en la nueva Constitución significaría continuar con el movimiento de Karabaj, significaría volver a la lógica del conflicto, y no podemos hacer eso, especialmente después de las elecciones de 2026, en las que nuestro pueblo votó por la paz».

Riesgos políticos, falta de mayoría y el laberinto del referéndum

A pesar del optimismo del primer ministro, quien dio por inaugurada la Cuarta República como una realidad fáctica, el camino legal para su implementación efectiva se presenta sumamente complejo y plagado de incertidumbres.

Los sectores críticos de la oposición y diversos analistas locales advierten que someterse de manera pública a las exigencias directas de Bakú establece un precedente sumamente peligroso de concesión unilateral bajo coerción. Aunque el equipo de Pashinyan insiste en que la adopción de un nuevo texto constitucional responde estrictamente a necesidades de reforma judicial interna y saneamiento institucional propio, la sincronía con las presiones azerbaiyanas es evidente.