SoyArmenio Según una declaración de activistas de derechos humanos, 34 personas fueron detenidas en Azerbaiyán por motivos políticos en los últimos tres meses. En el mismo período fueron liberados 12 presos políticos de la lista anterior. Así, actualmente hay 204 presos políticos en el país.
La Unión por la Libertad de los Presos Políticos en Azerbaiyán (SSPZA) publicó una lista actualizada el 31 de julio, que incluye a 204 personas. La lista anterior de la estructura de derechos humanos se hizo pública el 20 de abril e incluía a 182 personas.
Doce personas fueron eliminadas de la lista anterior, algunas de las cuales cayeron bajo el indulto de mayo o fueron liberadas al final de su condena. Se agregaron treinta y cuatro nombres.
Entre ellos se encuentran el político opositor y científico-economista, presidente del Partido de la Democracia y el Bienestar de Azerbaiyán Gubad Ibadoglu, el exdiputado, figura pública y empresario Nazim Beydemirli, miembro del Partido del Frente Popular de Azerbaiyán Elkhan Aliyev. El resto de caras nuevas en la lista son creyentes detenidos en abril-julio por cargos de narcotráfico. El número total de presos políticos creyentes llegó a 147 personas.
La lista de SSPZA ha sido compilada por la directora del Instituto para la Paz y la Democracia, Leyla Yunus, y el jefe del Centro de Seguimiento de Presos Políticos, Elshan Hasanov, desde noviembre de 2018. Por primera vez, más de 200 personas aparecieron en él.
Solo 8 de los 182 presos políticos en Azerbaiyán son indultados
Como informara SoyArmenio, el presidente de Azerbaiyán firmó una orden de indulto, pero solo unos pocos presos políticos llegaron a la lista, lo que lleva a algunos a cuestionarlo.
Estos últimos fueron detenidos a mediados de la década de 1990 en relación con la rebelión de OPON y otros delitos, y condenados a muerte. Tras la abolición de la pena de muerte, fueron automáticamente sustituidas por una decisión del Parlamento con la pena capital de cadena perpetua, aunque en el momento de su detención, una alternativa a la ejecución eran 15 años de prisión. Los activistas de derechos humanos creen que, dado que la ley no tiene efecto retroactivo, estas personas deberían haber sido liberadas.
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