Las tensiones entre la oposición y el partido gobernante siguen interrumpiendo las discusiones y votaciones regulares en la cámara. Las autoridades respondieron con restricciones al trabajo de los periodistas en el parlamento armenio.

En el último incidente del miércoles, el presidente del Parlamento armenio, Alen Simonyan, llamó a la seguridad a la sala después de que los diputados de la oposición y del partido gobernante casi se acercaron a los golpes. Simonyan luego ordenó que se detuviera la transmisión en vivo de la sesión.
Tras el incidente, se prohibió a los periodistas entrar en la sala de prensa utilizada para seguir y cubrir las sesiones del Parlamento.
Las restricciones impuestas a los periodistas en el Parlamento – así como varios proyectos de ley aparentemente destinados a tomar medidas enérgicas contra las calumnias y el lenguaje sucio – suscitaron preocupación entre los grupos de derechos locales e internacionales sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión en el país.
El incidente del miércoles fue el último de varios obstáculos que enfrentan los periodistas desde la formación del nuevo parlamento armenio.
Durante la sesión de apertura del Parlamento del 2 de agosto, la seguridad fue más alta de lo habitual y se prohibió a los periodistas entrar en las zonas que albergan las oficinas de los diputados del partido gobernante. Las autoridades habían afirmado que el aumento de las medidas de seguridad era temporal, sin embargo, los problemas para los medios de comunicación persisten.

«Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que ocurre en el Parlamento»
Después de obtener una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias anticipadas de junio; el Partido del Contrato Civil del primer ministro Nikol Pashinyan también siguió impulsando proyectos de ley que grupos de derechos humanos advirtieron podrían tener un efecto restrictivo en la libertad de expresión.
El último introdujo multas por «jurar», con una cantidad que sube a AMD6 millones o US$12.000 si está dirigida a un funcionario público.
A principios de este año, el Parlamento aprobó varios otros proyectos que aumentaban las multas por insultos y calumnias, y amenazaban con multar a los medios de comunicación por citar fuentes «anónimas».
En una declaración conjunta el 11 de agosto, un grupo de ONG criticó a las autoridades por el trato que le daba a la prensa.
«Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que está pasando en el Parlamento, el comportamiento que cada diputado exuda, independientemente de si será evaluado positiva o negativamente», se lee en el comunicado citado por SoyArmenio.
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