La compañía aeronáutica israelí Aeronautics y tres empleados jerárquicos irán a juicio por violar la exportación de productos de defensa recién cuatro año después de probar drones kamikazes contra los militares armenios en Artsaj para vendérselos a Azerbaiyán

El periódico israelí Haaretz no dio mas detalles del caso penal, citando una decisión del tribunal que impuso una prohibición por cuestión de seguridad nacional. El Jerusalem Post dijo, a su vez, que se mantienen en secreto, presumiblemente porque el comprador es un país con el que Israel tiene una relación especial, y divulgar detalles podría arruinar el negocio.
Aeronautics Defense Systems, un fabricante de vehículos aéreos no tripulados, estuvo en el centro de un escándalo en 2017 , cuando Times of Israel descubrió que durante una visita a Azerbaiyán, sus empleados demostraron las capacidades de Orbiter 1K atacó militares armenios, dejando tres militares armenios heridos. Los medios israelíes no especifican si estas acusaciones son la base de la acusación o algo más.
El Jerusalem Post, citando al experto militar israelí del Canal 12 Nir Dvori, escribe que en 2019, Armenia derribó especialmente un dron azerbaiyano para asegurarse de que era un producto de la aeronáutica.
El escándalo internacional que desató contra la empresa industrial militar más grande de Israel, obligó al Ministerio de Defensa israelí a suspender las licencias de exportación de tres funcionarios de alto rango, incluido el director ejecutivo, lo que significa que no pueden negociar con compradores extranjeros mientras durara la investigación.
Sin embargo, la investigación no se completó y en 2019 se anunció inesperadamente que el Ministerio de Defensa israelí había reconsiderado su decisión y había levantado la prohibición de exportación. Menos de dos semanas después, Aeronautics Defense Systems anunció que había firmado un acuerdo multimillonario con Azerbaiyán, un socio clave. Ese mismo año, la empresa israelí decidió abrir una oficina de representación en Azerbaiyán.

El controvertido caso, que fue mal investigado por la policía israelí durante años, está siendo enviado a los tribunales por el fiscal general del país, Avihai Mandelblit, un mes antes del final de su mandato. El periódico israelí Globes, citando fuentes bien informadas en el caso, escribe que Mandelblit no lo envió a los tribunales, por temor a que el caso causara daño a la imagen de Israel.