Vahe Ghukasyan El Tribunal Constitucional se negó a derogar una controvertida ley que convertía en delito insultar a funcionarios y figuras públicas armenias.
Las enmiendas al Código Penal armenio aprobadas por el parlamento del país el verano pasado hicieron de los “graves insultos” dirigidos a individuos por sus “actividades públicas” un delito punible con fuertes multas o penas de prisión de hasta tres meses. Esas personas pueden incluir funcionarios gubernamentales y encargados de hacer cumplir la ley, políticos y otras figuras públicas.
Grupos de oposición y de derechos humanos criticaron la medida, calificándola de violación de la libertad de expresión. A fines del año pasado, los legisladores de la oposición, así como el defensor del pueblo de derechos humanos, Arman Tatoyan, solicitaron a la Corte Constitucional que declarara las enmiendas inconstitucionales.
El tribunal dijo el viernes que rechazó las apelaciones y que publicará el texto completo de la decisión el martes.
La Oficina del Fiscal General informó el jueves que 51 armenios fueron acusados de difamación y cientos más investigados por los mismos motivos desde que las enmiendas entraron en vigencia en septiembre. Seis de ellos ya fueron declarados culpables por los tribunales, dijo en un comunicado.
Medios opositores dicen que muchas de esas personas fueron procesadas por insultar al primer ministro Nikol Pashinyan, pero la justicia no lo confirmó aún, pero aseguró que la gran mayoría de las personas que enfrentan tales procesos penales no son políticos ni periodistas.
Los fiscales presentaron esto como una prueba más de que la controvertida ley no pretende suprimir la libertad de prensa o la disidencia política, pero Ashot Melikian, del Comité para la Protección de la Libertad de Expresión con sede en Ereván, desestimó ese argumento.
“La libertad de expresión no se aplica sólo a los medios de comunicación”, dijo. “Es un concepto mucho más amplio”.
Melikian volvió a pedir la derogación de la legislación que también es criticada por organismos de control occidentales como Freedom House y Amnistía Internacional.
Todas las formas de calumnias y difamaciones se despenalizaron en Armenia en 2010 durante el gobierno del expresidente Serzh Sargsyan.
