SoyArmenio
Amnistía Internacional IA criticó que ni Armenia ni Azerbaiyán hicieron ningún progreso en investigar las denuncias de crímenes de guerra durante la invasión de Azerbaiyán a Artsaj y otras violaciones del derecho internacional humanitario.
El informe anual de la organización publicado hoy afirma que más de cien personas murieron por las minas terrestres colocadas por la parte armenia en los territorios bajo el control de Azerbaiyán desde la última guerra. Al mismo tiempo, el informe cita las palabras del presidente del Consejo de Europa de que Ereván entregó todos los mapas de los campos minados a Bakú y que Azerbaiyán cuestiona su exactitud.
El informe también critica a las autoridades de Bakú y señala que, a fines del año pasado, más de 60 prisioneros armenios estaban detenidos en Azerbaiyán. Se habla de la preocupación del Consejo de Europa, expresada hace meses, de que los cautivos armenios continúan en condiciones infrahumanas, y se les está llevando a cabo un juicio rápido e injusto. Al mismo tiempo, se menciona que aún se desconoce el destino de una treintena de cautivos de Armenia, hay suposiciones de que pueden haber sido asesinados.
La organización autorizada se refiere a las personas desplazadas por la guerra. Tras señalar que muchos refugiados regresaron a Stepanakert y las zonas controladas por armenios después de los combates, Amnistía Internacional señala que unas 36.000 personas siguen desplazadas, y la mayoría abandonaron sus hogares en las zonas actualmente sitiadas bajo el control de Azerbaiyán.
El organismo internacional se refirió a la situación al interior de Armenia, alegando que la libertad de expresión continúa siendo restringida injustamente por los esfuerzos de las autoridades.
La organización internacional también criticó el proceso penal contra el activista de derechos humanos yazidi Sashik Sultanyan. Al describir el caso en su contra como «falso», Amnistía señala que podría ser condenado a entre tres y seis años de prisión por criticar la política del gobierno hacia la minoría yazidí.
La organización internacional autorizada afirma que la Fiscalía General de Armenia y otras agencias de aplicación de la ley no llevaron a cabo una investigación efectiva sobre los ataques a varias ONG y medios de comunicación desde la guerra de 2020. Esta serie enumera amenazas y ataques contra las oficinas de RFE/RL.
El informe establece que las protestas y mítines generalmente se permitieron el año pasado, recordando que en 2021. En enero, el gobierno levantó las restricciones a las manifestaciones por motivos de seguridad.
